Corte Internacional de Justicia. Archivo.
Actualmente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se encuentra en revisión de un alegato presentado por la República Cooperativa de Guyana, centrado en un asunto de gran trascendencia para la geografía de ambos países: la validez del Laudo de París de 1889, el cual marcó los límites internacionales entre Venezuela y Guyana.
El Laudo de París, otorgó a la entonces colonia Británica la mayor parte del territorio disputado con Gran Bretaña. Trazando el límite desde Punta Playa, límite con el estado Delta Amacuro:
Mapa de la zona en Reclamación Actual
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Sin embargo, el Laudo no fue aceptado por Venezuela, debido a diversas irregularidades y factores de nulidad que lo rodean Uno de los puntos clave es la falta de investigación de los límites entre España y Holanda, contradiciendo el principio del Uti Possidetis Juris, que reconoce únicamente territorios poseídos por una nación durante más de 50 años.
Mapa de la Capitanía General de la República
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Otra crítica importante es la ausencia de exposición de motivos en el laudo, lo que dificulta la evaluación de su conformidad con el derecho internacional. Además se señala la presencia de elementos ultrapetita, debido a que se reglamentó la libre navegación por los ríos Barima y Amacuro, territorio perteneciente a Venezuela.
Mapa de los ríos
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Por último se resalta la corrupción por parte del tribunal que dictó el Laudo, expuesta en el memorándum de Severo Mallet-Prevost, secretario y consejero de la representación venezolana, donde describe las amenazas formuladas por el presidente del tribunal, que ponen en duda la integridad del proceso.
Ante estas preocupaciones, Venezuela denunció el caso ante las Naciones Unidas, resultando en la firma del Acuerdo de Ginebra, donde ambas partes acordaron lograr una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. Surge entonces la interrogante: ¿por qué la CIJ se enfoca en evaluar la validez del Laudo de París en lugar de buscar la solución contemplada en el Acuerdo de Ginebra?
Al cuestionar la validez del Laudo, se omite el compromiso expresado en el Acuerdo de Ginebra, donde Guyana, de alguna manera, reconoce las irregularidades del mismo.Esta situación plantea dudas significativas sobre si la CIJ está actuando verdaderamente en busca de un arreglo entre las partes o si está asumiendo la postura de Guyana de determinar primero si el Laudo Arbitral de París es nulo.
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