17 años de proscripción: cómo funcionan las inhabilitaciones políticas del régimen de Nicolás Maduro (EFE)
Venezuela debería celebrar el año entrante elecciones presidenciales aunque aún deben sortearse una serie de obstáculos en los que el régimen chavista es experto. Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder desde hace una década, está decidido a permanecer en el Palacio de Miraflores, incluso con la mayoría de la sociedad venezolana en su contra y las objeciones de la comunidad internacional.
Por Infobae
Para ello, cuenta con un recurso infinito de trampas electorales en la que la más brutal y directa es la inhabilitación política, una suerte de as bajo la manga que le permite mantener alejados de la carrera electoral a los principales líderes de la oposición, entre ellos la ganadora de las primarias, María Corina Machado. Sobre la líder de Vente Venezuela pesa una sanción que la impide de ocupar cargos públicos por 15 años por lo que, al haber sido emitida en 2015, se extiende hasta 2030 y la deja fuera de los comicios del año próximo.
Estados Unidos intercedió en este conflicto y, abogando por garantías democráticas para las elecciones, accedió a levantar algunas sanciones a cambio de la habilitación de Machado, en el marco del Acuerdo de Barbados. Si bien el oficialismo se mostró reacio a hacer lugar a esta exigencia, acabó por ceder ante lo pactado y definió que los afectados puedan recurrir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sus casos sean revisados.
El periodista Leocenis García y el ex alcalde Daniel Ceballos se presentaron ante los magistrados para pedir la revaluación de su situación mientras Machado se opuso a ello ya que asegura que “no hay ningún acto” que pueda recurrirse porque “ni siquiera” fue notificada de ello.
La decisión de la líder opositora, entonces, puede entenderse en varios sentidos: por un lado, por una real convicción de la falta de legitimidad del procedimiento del cual no fue informada, también por la propia desconfianza hacia cualquier proceso oficialista o, incluso, por el largo historial de este tipo de medidas en el país.
Las inhabilitaciones en Venezuela no son una novedad; por el contrario, ya llevan 17 años adueñándose de la escena política nacional.
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