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La política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro tuvo un año difícil en 2023. Además de alejarse en su objetivo de persuadir a los grupos armados más importantes del país de abandonar las armas, provocó una reestructuración del panorama criminal de Colombia.
Por Insight Crime
La política de la Paz Total es la osada apuesta del presidente Petro para negociar con los principales grupos armados de Colombia el cese de sus actividades delictivas. En su inicio, a finales de 2022, buscaba acoger a más de veinte grupos armados y criminales que iban desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta descendientes del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas delincuenciales urbanas de distintas ciudades del país.
Durante el último año, tan solo cinco grupos lograron entablar negociaciones activas con el gobierno. Los procesos de paz más avanzados hasta la fecha son los con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia, una confederación de grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las negociaciones han logrado ceses al fuego con el Estado y mesas de diálogo que han resultado en una reducción significativa de los enfrentamientos con la fuerza pública en todo el país.
Sin embargo, las circunstancias de las demás negociaciones son inciertas. Uno de los mayores retos radica en que los grupos criminales carecen de un marco legal para su sometimiento a la justicia, luego de que el proyecto de ley presentado por el gobierno con este fin se hundiera en el Congreso. Y es que en el último año el apoyo a la Paz Total se ha ido desmoronando. Mientras Petro ha perdido su capital político y el apoyo en el Congreso, la ciudadanía tampoco está conforme con el desarrollo de las negociaciones.
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