En el derecho penal se usa el término “agravante” para describir que, habida cuenta de la comisión de un delito, las circunstancias o dolo implicado demuestra aspectos retorcidos del delincuente, por ejemplo, si al delito de la apropiación indebida de un bien se le suma la nocturnidad o la violencia desmedida pues hay un agravante que, lógicamente, conduce a penas más severas. Pues bien, creo que ese concepto jurídico puede ayudarnos a comprender el agravante del autoritarismo.
Los problemas que ya sufre una sociedad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el crimen, la exclusión de minorías y grupos vulnerables o los conflictos limítrofes siempre son empeorados con el autoritarismo. Eso lo hemos constatado y padecido los venezolanos desde 1999. No hay inocentes en ese drama, por un lado los electores cayeron en la trampa de un supuesto mesías vengador de todos los males, y por otro, las elites ensimismadas, con más títulos, dinero e influencia que pensamiento crítico, aplaudieron (y aplauden) a rabiar la llegada de la bota militar. Aunque debemos hacer una salvedad, ciertamente los sufrimientos son diferenciados, al pueblo llano le toca el hambre, la precariedad del empleo, el colapso de los servicios públicos y la crisis humanitaria compleja. A los privilegiados el asunto solo puede ser problemático en el orden estético, de hecho, mientras el bolsillo esté buchón y el enchufe funcione, la violación sistemática de derechos humanos, las inhabilitaciones políticas, la judicialización de partidos políticos y gremios, la censura y autocensura de medios de comunicación, la tortura y tratos crueles y degradantes son pequeñeces, “cosas que pasan”, casualidades o, ya en la cumbre del cinismo, “consecuencia del extremismo opositor” (culpa de la víctima pues).
En todo caso, dado que el autoritarismo es un agravante de todos los problemas que ya teníamos o que comenzamos a tener (como la ocupación del territorio en reclamación por parte de Guyana), la solución ante nuestros males no puede ser la permanencia sin cambios del régimen autoritario. Debería ser obvio que para dar respuesta adecuada a Guyana no se necesita un costoso concierto musical sino, muy al contrario, defender la vigencia del Acuerdo de Ginebra y la debida defensa de nuestros intereses en la Corte Internacional de Justicia. Eso por mencionar un tema de obligado tratamiento esta semana, pero todos los problemas públicos tienen mejor respuesta si son abordados en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y respeto por la constitución y las leyes.
La pobreza, la falta de oportunidades, la quiebra de la educación, el colapso del sistema sanitario, la crisis migratoria, la arbitrariedad de los cuerpos represivos y la ausencia de control civil sobre la fuerza armada solo pueden tener solución mediante el libre debate de ideas, sin censura, sin persecución ni limitación, con elecciones libres y justas, sin inhabilitaciones políticas, ni presos políticos, ni partidos judicializados. Mientras la nación sea gestionada como una hacienda particular y sus instituciones parezcan más los métodos de un capataz esclavista los problemas solo se agravarán por una razón al mismo tiempo sencilla y retadora: la fuente de toda autoridad pública emana de la voluntad general, no de una parcialidad, ni de la fuerza armada, ni de una ideología política determinada, ni en el recuerdo de algún líder fallecido, es el pueblo quien con su voto debe decidir quien gobierna y, con ello, lograr tener un Estado respetado en el escenario internacional y una autoridad competente para tomar decisiones en correspondencia con el interés colectivo.
El reto es convertir ese ideal en realización concreta. Eso no es tarea exclusiva de un partido o una coalición de partidos, es una tarea de cada ciudadano. No podemos seguir ejerciendo una pobre ciudadanía que se contenta con ver lo político y lo público desde una perspectiva de espectador, de lejos, juzgando a quién hace porque hace sin hacer. Es clave que todos asumamos un papel: los gremios profesionales, incluso los sometidos a judicialización cómo el Colegio de Abogados de Carabobo, los estudiantes, las universidades a las que se les viola la autonomía cómo a la Universidad de Carabobo, la prensa libre sometida a censura, los trabajadores martirizados y explotados con salarios de hambre, los productores agropecuarios quebrados y los industriales y comerciantes expoliados por la voracidad fiscal. Todos tenemos un deber y debemos ejercerlo.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica
