Juan Sartori junto a su esposa Ekaterina Rybolovleva
El empresario multimillonario Juan Sartori fue sancionado por incumplir la normativa de la Junta Anticorrupción de Uruguay
El empresario multimillonario Juan Sartori ingresó a la política uruguaya como un completo desconocido en la opinión pública. Era un outsider del sistema, que sin embargo se registró como uno de los precandidatos del Partido Nacional, una colectividad política con más de 180 años de historia. Su nombre se instaló rápidamente en la opinión pública a través de campañas publicitarias y compitió en las elecciones primarias de ese partido: fue el segundo postulante más votado, solo por detrás de quien luego sería electo presidente, Luis Lacalle Pou.
Por Infobae
Aunque no pudo ser presidenciable, desplazó del segundo puesto a Jorge Larrañaga, uno de los históricos dirigentes del Partido Nacional. Para las elecciones generales, Sartori encabezó una lista y fue elegido senador. Pero al asumir ese cargo, no cumplió con todas las responsabilidades que se le exige a un legislador. Y fue sancionado por eso.
Desde el inicio de la gestión, Sartori mantuvo un enfrentamiento con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la conocida como “Junta Anticorrupción”, a la que le debe presentar la declaración jurada del patrimonio. Si bien ha entregado los detalles de sus ingresos y los balances de algunas de sus empresas, en ninguno de los documentos presentados incluyó el patrimonio de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, hija del magnate ruso Dimistri Rybolovlev, el dueño del club Mónaco de Francia.
Su rechazo a entregar la información motivó que la Jutep resolviera declararlo omiso, lo que expuso a sanciones en el Parlamento.
Sartori está obligado a presentar la declaración jurada de su esposa por la “ley cristal”, que establece que los funcionarios deben presentar esa información de sus cónyuges. El legislador, sin embargo, argumenta que con esa exigencia “se viola el derecho a la privacidad, específicamente a la intimidad y se contraviene el derecho a la seguridad jurídica”, establecido en la Constitución.
Los legisladores uruguayos aplicaron la primera sanción al senador del Partido Nacional por esa omisión y, a partir del próximo mes, se le descontará el 50% de su salario, informó El Observador. Su salario por el cargo asciende a 341.983 pesos uruguayos (unos USD 8.500), sin contar las partidas adicionales que recibe.
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