La propuesta actual es considerada como una versión nueva de la polémica SB1070, conocida también como “la ley muéstrame tus papeles”. Crédito: Gregory Bull | AP
Republicanos en la Legislatura de Arizona están avanzando una iniciativa que busca convertir en un delito estatal la inmigración irregular, siguiendo el ejemplo de la polémica ley aprobada recientemente en Texas, que otorga a jueces estatales la facultad de deportar a migrantes sin el debido proceso.
Por El Diario NY
El proyecto SB1231 conocido como “Acta de Invasión de Arizona” convertiría la inmigración irregular en un delito de estado al imponer cargos menores a todas las personas que crucen la frontera irregularmente. Los reincidentes serían acusados de delito grave.
La legislación otorgaría a las agencias estatales y locales del orden “inmunidad” de demandas civiles, ante cualquier daño que pueda suceder mientras aplican la nueva legislación.
Si es aprobado, el mandato se volvería una de las leyes estatales más duras en contra de la migración irregular en Estados Unidos.
La iniciativa, que fue impulsada por los legisladores republicanos Janae Shamp y Joseph Chaplik, sigue los pasos de las leyes estatales que fueron aprobadas recientemente en Texas y Florida, impulsadas por los gobernadores republicanos Greg Abbott y Ron DeSantis.
“No me extraña esta propuesta. Es una respuesta al sentimiento racista y la ignorancia que estamos enfrentando actualmente”, dijo Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos.
La propuesta actual es considerada como una versión nueva de la polémica SB1070, conocida también como “la ley muéstrame tus papeles”, que fue impuesta en el estado en el año 2010.
En su momento, la SB1070 convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio, su aprobación condujo grande protestas y un boicot económico en contra del estado.
Pero la SB1231 va un paso más allá al otorgar poderes a los jueces de la localidad para que decidan sobre casos migratorios y emitir órdenes de deportación.
García afirmó que la Corte Suprema fue muy clara al determinar que solo el gobierno federal puede aplicar leyes migratorias.
El argumento de García coincide con los defensores de los derechos de los migrantes que han demandado la ley SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte automáticamente en un crimen grave, punible hasta con 20 años de cárcel, si el infractor es reincidente.
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