Manifestantes contra Donald Trump, este jueves, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington. ANDREW CHUNG (REUTERS)
De cómo se interprete una enrevesada frase de 95 palabras llena de subordinadas depende que Donald Trump pueda volver o no a la Casa Blanca y, antes de eso, que pueda presentarse siquiera a las elecciones, a la luz de sus actos en las semanas previas y durante el 6 de enero de 2021, día en que una turba de sus simpatizantes asaltó el Capitolio. El significado de esa frase ha sido debatido este jueves, durante más de dos horas, en una vista oral ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los jueces dictarán sentencia en las próximas semanas. Sin que quepa sacar conclusiones definitivas antes de eso, sus intervenciones permiten intuir que se inclinan mayoritariamente por dejar a Trump presentarse a las elecciones. De los nueve magistrados, seis son conservadores ?tres de ellos nombrados por el propio Trump? y tres, progresistas.
Por El País
La sesión ha servido para poner de manifiesto que la cláusula en cuestión, la sección tercera de la decimocuarta enmienda, que regula la inhabilitación por insurrección, deja más dudas que certezas. Está claro que se incorporó a la Constitución estadounidense tras la Guerra de Secesión (1861-1865) para evitar que los sublevados de la Confederación volvieran a infiltrarse en el sistema, pero no está claro quién la aplica, cómo se aplica, cuándo se aplica y a quién se le aplica.
Sobre cada una de esas cuestiones se ha debatido en una sesión que se vivió en el interior del edificio del Supremo con la expectación de las ocasiones únicas; con el público haciendo cola desde hacía días, una tribuna de prensa que no se veía tan llena desde casos históricos como el que en 2015 sancionó el matrimonio entre personas del mismo sexo y manifestantes a favor y en contra de Trump a las puertas. Las grandes cadenas de televisión por cable además se las apañaron para convertir la mañana en un espectáculo televisivo, pese a que las estrictas normas del Supremo no permiten el acceso de las cámaras.
Los jueces están llamados a pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado que inhabilitó a Trump para presentarse a las primarias en ese Estado el próximo 5 de marzo —de ahí que la sentencia corra prisa—, pero la doctrina que siente Tribunal Supremo será de aplicación en decenas de Estados. En Maine, una inhabilitación similar está en suspenso a la espera de lo que digan los magistrados del Alto Tribunal. El Supremo no ha tenido un protagonismo similar en materia electoral desde el caso Bush contra Gore, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George W. Bush.
El abogado de Trump, Jonathan Mitchell, ha defendido que la enmienda constitucional no impide a nadie presentarse a unas elecciones, sino en todo caso “desempeñar” el cargo, que es la palabra utilizada en la norma. La norma permite al Congreso, por mayoría de dos tercios, levantar la inhabilitación, pero esa disposición no tendría mucho sentido si a un candidato no se le permite siquiera ser elegido. “No sabemos si el presidente Trump sería excusado si gana las elecciones antes de jurar el cargo el 20 de enero de 2025?, ha argumentado Mitchell. Varios jueces se han mostrado receptivos a ese argumento. “La enmienda se refiere a ocupar un cargo, no a presentarse para un cargo”, ha dicho el conservador Samuel Alito.
Mitchell también sostiene que no es una cláusula prevista para la presidencia, puesto que se cita que un insurrecto no podrá “ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno”, en un orden que parece descendente y en el que no se cita al presidente. Y que en este caso, cargo (office) no incluye al inquilino de la Casa Blanca.
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