El Gobierno del primer ministro neozelandés, el conservador Christopher Luxon, impuso este jueves nuevas sanciones a 61 personas y entidades de Rusia, así como aplicó el tope de precios petróleo de origen ruso impulsado por el G7, en respuesta a la invasión “no provocada e injustificada” de Ucrania.
La medida contra el petróleo ruso -siguiendo los pasos de los países occidentales que introdujeron en diciembre de 2022 un tope de 60 dólares por barril al crudo ruso debido a la guerra en Ucrania-fue anunciada hoy por el ministro neozelandés de Exteriores, Winston Peters, en un comunicado publicado en el portal gubernamental.
El anuncio también incluye restricciones a las exportaciones de artículos restringidos a Rusia y Bielorrusia a través de terceros países, según un comunicado ministerial.
Entre las 61 personas y entidades, que se sospecha están implicadas “en redes de adquisición para evadir sanciones”, se cuentan a altos funcionarios de entidades bancarias rusas y a empresas que adquieren tecnología para la industria de la Defensa de Rusia, así como de armas procedentes de Corea del Norte.
La nueva ronda de medidas “son una contribución de Nueva Zelanda a los esfuerzos colectivos internacionales para perjudicar la capacidad de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania, y garantizar que Nueva Zelanda no sea utilizada como un canal para la evasión de sanciones“, precisó Peters en el comunicado.
Tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Nueva Zelanda ha impuesto sanciones a más de 1.600 individuos y entidades -en ellos al presidente ruso, Vladímir Putin, y su entorno-, así como ha implementado medidas de restricciones económicas en virtud de la Ley de Sanciones contra Rusia aprobada días después de que estallase la guerra.
El Ejecutivo de Wellington también ha brindado más de 100 millones de dólares neozeladneses (61 millones de dólares estadounidenses o 56 millones de euros) a Ucrania, principalmente para la adquisición de equipos militares y entrenamiento de personal, además del despliegue de soldados a Europa para labores de apoyo, ayuda humanitaria y legal. EFE
