El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, participa durante una rueda de prensa este miércoles en Caracas (Venezuela). El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró este miércoles que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los alimentos, especialmente los “grupos vulnerables” como privados de libertad, niños y mujeres. EFE/ Rayner Pena R
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
“Respecto a los centros de detención, el Gobierno no me permitió que fuera y, sencillamente, las autoridades estaban cambiando mi agenda de forma constante y muchas veces no sabíamos a dónde ir”, dijo el relator en una conferencia de prensa, ofrecida luego de varios días de reuniones con representantes del Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones civiles.
Pese a esta negativa describió la situación de los privados de libertad sin explicar las fuentes de información utilizadas o si ofrecerá nuevos detalles al respecto en la presentación de sus conclusiones el próximo marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, dijo estar “seriamente” preocupado por la seguridad alimentaria de los presos, especialmente por el estado en el que se encuentran los detenidos en los centros de custodia preventiva que albergan casi el doble de internos de su capacidad, según un informe presentado la semana pasada por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Son centros “temporales que no incluyen instalaciones para alimentarlos (…) las autoridades no proporcionan a los detenidos ninguna comida, agua, baño o atención sanitaria”, subrayó Fakhri, quien instó a agilizar los juicios de estas personas así como sus traslados hacia las cárceles, donde “la situación es algo mejor”.
Explicó que, debido a los retrasos judiciales, estos centros se han convertido en lugares de detención asignados, por lo que algunas personas cumplen penas de varios años en estos calabozos que son “inhumanos, degradantes y pueden constituir torturas”.
Consultado por las razones que le impidieron visitar estos calabozos -en los que murieron 17 reos en 2023 por problemas de salud, según UVL-, instó a preguntar al Gobierno sobre sus motivos para mantener esta negativa.
Por su parte, aclaró, sorteó “problemas logísticos” para atender algunas reuniones y expresó sus “frustraciones” al Gobierno en vista de que los funcionarios “priorizaron más en protocolo”, haciéndolo perder horas en almuerzos oficiales y en actos para ser fotografiado.
Con información de EFE
