El avión iraní transferido a la empresa venezolana Emtrasur que permanece retenido en el aeropuerto de Ezeiza (Facebook)
Un diplomático venezolano dejó Argentina después de haber sido declarado persona no grata, tras protagonizar un confuso episodio con el avión que había llegado con tripulantes venezolanos e iraníes en 2022, sospechosos de espionaje, que permanece bajo custodia en Buenos Aires, según informaron este sábado a EFE fuentes oficiales.
El segundo de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires violó la seguridad del avión Emtrasur Cargo, que llegó al país en junio de 2022, al sacarle fotos el martes pasado acompañado por un funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil, un episodio que investiga el juez federal Federico Villena, el mismo que tiene el caso del origen de ese vuelo.
El diplomático venezolano fue advertido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, quienes se acercaron para impedir que siguiera fotografiando la aeronave, fue declarado persona no grata por el Gobierno argentino y dejó el país dentro de las 48 horas siguientes, explicaron las fuentes.
La Justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La tripulación, conformada por 5 iraníes y 14 venezolanos, fue retenida inicialmente en Argentina y luego puesta en libertad por el juez Villena por falta de evidencia.
La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión Boeing 747-300 retenido fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia del petición de decomiso realizada por Estados Unidos.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos en virtud del cual ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
El informe del ministerio público argentino provocó una dura reacción de las autoridades chavista, pero el juez argentino rechazó la solicitud venezolana de desestimar la petición del Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de decomisar la aeronave, con la que supuestamente se violaron las leyes de exportación estadounidenses.
Con información de EFE
