La detención de Rocío San Miguel y su grupo familiar, aunado a la expulsión del país de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marcan una profundización de la represión contra la sociedad civil venezolana. “Este año electoral es muy delicado para el poder”, señala Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal
2024 no solamente marcará un año electoral, sino una profundización de la represión contra la sociedad civil y la oposición venezolana, a través de acusaciones y detenciones por «conspiración», la salida de organismos internacionales y la amenaza de la puesta en práctica de leyes con el objetivo de restringir el espacio cívico. La estrategia aplicada por las autoridades, si bien se repite desde hace años, se ha hecho más sistemática desde principios de enero, advierten especialistas.
LUISA QUINTERO
Durante su memoria y cuenta el pasado 15 de enero, el mandatario Nicolás Maduro afirmó que el año pasado lograron detectar cuatro conspiraciones, todas dirigidas a asaltar cuarteles del país y, en última instancia, asesinarlo junto a otras figuras del oficialismo. La más grande de ellas fue la denominada operación «Brazalete Blanco», que tendría un impacto importante en el estado Táchira.
Días más tarde de esa alocución, se detiene en Barinas al profesor Víctor Venegas y su hermano, a quienes luego se les vincularía a estos hechos. El 22 de ese mismo mes, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, dijo que había logrado la detención e identificación de al menos 32 personas –entre civiles y militares– relacionadas al «Brazalete Blanco».
En menos de 24 horas, los cuerpos de seguridad se activaron nuevamente para detener, esta vez, a tres dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, fundado por la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Así llegamos al 9 de febrero, cuando se detuvo a la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG, Control Ciudadano, cuando se disponía a salir del país con su hija.
La detención de San Miguel tuvo repercusión internacional. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con una oficina técnica en Venezuela producto de un memorando de cooperación firmado en 2019, lo calificó como una desaparición forzada. Dos días después se limitaron a tomar nota de su lugar de reclusión y solicitaron el respeto del derecho a la defensa y el debido proceso para la activista.
Para Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, estamos frente a una «profundización» de la represión hacia el espacio cívico venezolano. «Este año electoral es muy delicado para el poder. El gobierno está definitivamente decidido a limitar cualquier posibilidad, cualquier cosa que pueda de alguna manera enturbiar su imagen, porque se está jugando básicamente la permanencia en el poder».
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