Funcionarios del Seniat en la Aduana Subalterna Aérea de Barcelona, estado Anzoátegui, protagonizaron un procedimiento irregular contra un viajero al que le sustrajeron arbitrariamente su teléfono modelo iPhone 14 Plus.
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“La factura del teléfono nadie la tiene”, protestó el ciudadano, quien grabó el episodio y lo denunció luego en redes sociales.
“En este caso es diferente”, argumentó el funcionario del Seniat.
“Bueno, no la tengo. ¿Qué haríamos con el teléfono?”, preguntó el propietario.
“Pues en ese caso, si me consigues la factura, todo perfecto”, contestó el uniformado.
“¿Y si no, el teléfono queda retenido?”, cuestionó de nuevo el usuario.
“No”, prometió ligeramente el funcionario.
Sin embargo, esa promesa se quedó en eso, porque minutos después el ciudadano fue obligado a entregarle a otra funcionaria su celular.
“Si no la presento, el Seniat se queda con el teléfono”, comentó el sujeto mientras era forzado a abandonarlo en la oficina.
“Vamos a proceder con la retención del teléfono (…) tienes que presentar la factura”, dijo la funcionaria mientras fingía pesar por el usuario.
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No es la primera vez que funcionarios adscritos a instituciones del Estado venezolano pretenden efectuar sustracciones irregulares con el mismo liviano argumento de la factura. Emblemático fue el caso del oficial de la PNB que exigía un comprobante de pago de un destornillador a un conductor en el estado Falcón.
¿Qué dice la ley venezolana sobre estos casos?
En concreto, el artículo 794 del Código Civil de Venezuela establece que “respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles“.
Es decir, no es necesario que los ciudadanos se movilicen por el territorio nacional con las facturas de todas sus pertenencias para comprobar que son los legítimos dueños de las mismas.
