Académicos de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela han señalado la violación de los derechos políticos de los venezolanos. Enfatizan que la falta de independencia institucional y el control del gobierno de Nicolás Maduro sobre los organismos encargados de garantizar la justicia y la transparencia electoral son los principales obstáculos para restaurar la legitimidad política en el país.
Han recordado la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, que consideran ilegítima y sin validez, y afirman que esta instancia fue convocada con el propósito de reemplazar las funciones legislativas y de control de la Asamblea Nacional existente en ese momento.
Aunque esta asamblea no modificó el texto constitucional de 1999, aprobó numerosos textos que no siguieron el procedimiento constitucional regular. Entre estas decisiones, los académicos mencionan la emisión del Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, el cual tenía como objetivo establecer la obligación de renovación de las organizaciones políticas y limitar su actividad.
También han destacado la estrategia empleada por el chavismo para socavar la participación política de María Corina Machado, una candidata respaldada por sectores democráticos. Señalan que, a pesar del evidente apoyo popular, las autoridades han afirmado repetidamente que existe una inhabilitación política en su contra. Sin embargo, los académicos afirman que esta afirmación carece de fundamento ya que no existe una sentencia condenatoria definitivamente firme ni un proceso penal en curso en su contra.
Además, han señalado que el alegato oficialista sobre la inhabilitación política de María Corina Machado no tiene fundamento desde la perspectiva del derecho administrativo, electoral o constitucional venezolano. Tampoco cumple con los artículos 29 y 30 de la Convención Americana ni con el estándar diseñado por la Corte Interamericana para garantizar la armonía de la restricción con las obligaciones convencionales de los Estados.
Los académicos también han mencionado que los partidos políticos han sido impedidos de postular a la Dra. Corina Yoris, titular de todos sus derechos políticos, como sustituta de la candidata electa en las primarias. Además, han destacado el bloqueo de la inscripción de cualquier candidatura que no respondiera al interés del oficialismo, lo que consideran una manipulación del sistema.
Han señalado que el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral han llevado a cabo una serie de acciones que socavan el estándar de una democracia representativa en el país.
También han criticado la voluntad evidente de limitar el funcionamiento de los partidos políticos, lo que consideran un ataque contra la democracia y el pluralismo político. Además, mencionan que esta intención se hace evidente en el cronograma electoral presentado por el CNE para las elecciones presidenciales de 2024.
En el cronograma, se incluye una etapa denominada «revisión del estatus de las organizaciones con fines políticos validadas para postular», programada para llevarse a cabo entre el 11 y el 14 de marzo. Consideran que este proceso es un intento de restringir la participación política al poner en duda el estatus de las organizaciones políticas y limitar su capacidad para postular candidatos, lo que va en contra de los principios democráticos de participación y pluralismo político.
La Cátedra de Derecho Constitucional enviará el informe completo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Secretaría General de los Estados Americanos.
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