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Estados Unidos, la Unión Europea y otras 14 naciones expresaron su preocupación ante una propuesta de reforma que circula en el Congreso de Perú para aumentar el control sobre el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo «activismo político”.
En un comunicado conjunto difundido el lunes, las embajadas indicaron que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”. Añadió que los cambios propuestos “restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
La Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso aprobó el pasado 5 de junio un proyecto de ley para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional registre por primera vez a las organizaciones no gubernamentales que realizan labores de «activismo político”, el cual se define en la propuesta como todo aquello que “que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
La propuesta tipifica como infracción grave, punible con multas superiores a los 600.000 dólares o incluso la pérdida de registro, el destinar recursos de la cooperación internacional hacia actividades declaradas como “actos que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno”.
El abogado peruano José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, dijo a la radio local RPP que la propuesta —aprobada en una comisión presidida por el partido Fuerza Popular de la derechista Keiko Fujimori— «tiene una motivación política clarísima».
Recordó que el control de las organizaciones no gubernamentales “no es un invento peruano” porque ya ocurre “en Rusia, está ocurriendo en Georgia, ocurre en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares y en otros países donde se pretende controlar el trabajo de la sociedad civil”.
Ugaz indicó que a los legisladores conservadores les molestan las acciones de las organizaciones no gubernamentales, en particular aquellas dedicadas a movilizar a la sociedad en favor del cambio climático, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción.
Las embajadas que firmaron el comunicado conjunto en Lima son las de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
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