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Las autoridades hondureñas anunciaron el viernes una serie de medidas destinadas a reducir el crimen organizado, entre ellas la construcción de una nueva prisión, juicios colectivos y la designación de los miembros de las bandas como terroristas.
La presidenta Xiomara Castro dijo en una cadena nacional que las fuerzas de seguridad deberían desplegarse para «ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país con mayor incidencia de crimen de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos». Las medidas son similares a las que ha tomado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con los juicios masivos de supuestos pandilleros y la construcción de una «megacárcel».
En el país vecino, las medidas provocaron la ira de grupos de derechos humanos que denunciaban abusos, pero han reducido las tasas de homicidio con lo que Bukele ha obtenido una gran popularidad.Los funcionarios del gobierno hondureño anunciaron planes para construir de inmediato una prisión con capacidad para unas 20.000 personas en una zona despoblada entre los departamentos orientales de Olancha y Gracias a Dios.De este modo se ampliaría enormemente la actual capacidad penitenciaria del país, que alberga a unos 20,000 reclusos en 25 cárceles en condiciones de hacinamiento.
En esa línea, dijeron que el Congreso del país debe reformar el código penal para que los narcotraficantes y los miembros de bandas criminales como las «maras» que cometan delitos específicos, como los enumerados por Castro, sean designados como «terroristas» y que se enfrenten a juicios colectivos. Héctor Gustavo Sánchez, jefe de la Policía Nacional, dijo que se estaba distribuyendo una lista de «autores intelectuales, identificados lideres y miembros de maras y pandillas» para su detención inmediata.
También se llevarán a cabo operaciones para localizar y destruir plantaciones de marihuana y hoja de coca -que se usa para fabricar la cocaína-, así como centros de procesamiento de drogas ilegales.Honduras declaró unestado de excepción en diciembre del 2022, suspendiendo ciertos derechos otorgados por la Constitución, para combatir un aumento de la delincuencia que atribuyó al crimen organizado.
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