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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió el lunes el desplazamiento de miles de residentes que huían de la violencia en un pueblo en el sureño estado de Chiapas y dijo que las autoridades trabajan para que las más de 4.000 personas que tuvieron que huir regresen a sus casas.
Según la fiscalía de Chiapas, los residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados protagonizaran intensas balaceras y quemaran muchas casas durante los días previos.
Algunos residentes contaron que pasaron días atrapados antes de que las tropas del ejército y la policía estatal aparecieran y pudieran salir.
Las fotografías distribuidas por las autoridades estatales mostraban a personas huyendo sólo con bolsos al hombro o a veces con pequeñas mochilas o bandoleras.
López Obrador describió el evento como “un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo”, aseguró que “se logró proteger a muchas familias” una vez que el ejército llegó.
El mandatario también aseguró que se estaban suministrando alimentos a los campamentos, que la situación ya se había calmado y que el gobierno estaba haciendo gestiones para que los desplazados pudieran volver a sus casas.
Víctor Gómez, habitante de Tila, contó a la AP que su casa fue quemada y que intentaron asesinarlo. Huyó junto a otros 11 miembros de su familia después de estar “más de 72 horas en asedio, con casas quemadas, intimidaciones…”.
“Hay mucha gente que estaba enferma, muchos salieron con lo que tienen, sin dinero, sin ropa, dejaron todos sus bienes, todas sus pertenencias”, agregó Gómez vía telefónica.
Colectivos civiles de la zona afirmaron que detrás del enfrentamiento había bandas criminales e intereses políticos.
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa afirmó que un grupo autodenominado «Los Autónomos» estaba detrás de la violencia y lo relacionó con el narcotráfico. La fiscalía estatal confirmó la muerte de al menos dos personas y el incendio de al menos 17 edificios la semana pasada. También se ha culpado a las bandas de extorsionar a los residentes para que paguen por su protección y de bloquear carreteras.
La batalla entre cárteles de la droga rivales —el de Sinaloa y el de Jalisco se disputan el control de las rutas de todo tipo de tráfico ilegal en esa zona— ha afectado a varios municipios de Chiapas cercanos a la frontera con Guatemala, ya que la zona es una ruta principal para el contrabando de drogas y el paso de migrantes irregulares.
López Obrador ha restado importancia en ocasiones anteriores a la violencia en Chiapas, acusando de sensacionalismo a quienes escriben sobre ella.
Desde que en 1994 tuvo lugar el levantamiento zapatista y la breve guerra con el gobierno para exigir más derechos para los indígenas, los conflictos en Chiapas se han sucedido tanto entre pobladores y miembros del ejército como entre comunidades por motivos políticos, agrarios y religiosos a los que ahora se unió la pugna entre cárteles.
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