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Delegados de países de América Latina y el Caribe abordaron esta semana las respuestas regionales frente a situaciones de desplazamiento forzado en contextos de desastres y efectos adversos del cambio climático, en el marco del encuentro denominado Tercera Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40.
“Por desgracia, las comunidades que más riesgo corren son las que sufren las consecuencias de la explotación del medio ambiente, que continúa marcando la pauta en las decisiones que se toman alrededor del mundo”, señaló Andrew Harper, asesor especial sobre Acción Climática del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de un comunicado.
Según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) más de la mitad de los nuevos desplazamientos registrados en 2023 corresponden a los desastres relacionados con el clima, como inundaciones y sequías, lo que equivale a 26,4 millones de personas desplazadas.
América Latina y el Caribe es una región vulnerable a los impactos del cambio climático. El texto indica que casi el 60 % de las personas refugiadas y desplazadas internas vive en países que se encuentran entre los más vulnerables a los desastres y el cambio climático.
Harper destacó el trabajo de los países de la región en «su liderazgo en la creación de los enfoques regionales para proteger a las personas que huyen del impacto del cambio climático y de los desastres», pero insistió en que es necesario el apoyo de la comunidad internacional para lograrlo.
El encuentro, que culminó el viernes en Bogotá, fue convocado por ACNUR y el Gobierno de Chile, abordó las bases para la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034 , que será adoptado al final del año en la ciudad de Santiago y orientará las estrategias de protección y soluciones de los países de la región durante la próxima década.
El proceso de Cartagena+40 impulsa «los esfuerzos por proteger los derechos y encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internas; para ofrecer vías migratorias seguras, ordenadas y regulares para quienes se encuentran en situación de movilidad humana”, comentó el profesor Walter Kälin, Enviado de la Presidencia de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres.
La Declaración de Cartagena es un instrumento jurídico de primer orden para la región en materia de protección de los refugiados. Además de delegaciones de 24 países de la región, en el encuentro estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil y de personas desplazadas por la fuerza, la academia, el sector privado, entidades del desarrollo y organizaciones internacionales.
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