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MIAMI — Un proyecto de resolución para instar al régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, a que cese las violaciones de derechos humanos y restablezca las institucionalidad democrática en el país centroamericano, será presentado por Canadá en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará los días 26 y 28 de junio, en Washignton.
En el proyecto, Canadá destaca su preocupación por el «continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018″ dada la «persistencia de la impunidad de organismos estatales en casos que involucran al menos 355 muertos y 2.000 heridos, así como más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias por motivos políticos».
En el proyecto, Canadá también menciona como argumento «el desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo», «la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil», la «privación de la nacionalidad y de derechos políticos de más de 300 personas» y el cierre de «al menos 54 medios de comunicación», además de «250 periodistas obligados a exiliarse”.
El proyecto ya tiene el aval de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay.
Con respecto a Brasil, México y Colombia, se espera que sus gobiernos fijen posición sobre el proyecto cuando esté más cerca la fecha de la Asamblea General de la OEA, reseñó Infobae.
Asimismo, el texto de la iniciativa insta a Ortega a cumplir con sus obligaciones de defender el estado de derecho y los derechos humanos y «restablecer el ejercicio de los derechos de las persnas privadas de ellos». Esto último incluye la privación de su derecho a la nacionalidad y de entrar o salir de Nicaragua.
El proyecto pide el «fin inmediato» de la impunidad de las instituciones estatales y de «otros actores que perpetran graves violaciones de derechos humanos».
Presos políticos
De igual manera, insta al régimen a liberar de forma «inmediata e incondicional» a los privados de libertad por motivos políticos o religiosos.
Agrega que el régimen debe respetar las medidas cautelares que han sido otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «en particular las emitidas el 25 de abril de 2024».
También, exige «abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de “Puerta de la Montaña”, quienes se encuentran recluidos en instalaciones de máxima seguridad».
Igualmente, solicita que el «gobierno de Nicaragua» se involucre constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional en el marco del derecho internacional, permitiendo el ingreso a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Seguidor Especial. Mecanismo de adhesión, así como otros organismos internacionales competentes».
La resolución que cuenta con siete capítulos establece la creación de un grupo de trabajo voluntario para dar seguimiento cercano a la evolución de la situación en Nicaragua. Además, se insta al gobierno de Daniel Ortega a iniciar un diálogo de alto nivel que incluya su reincorporación como miembro activo de la Organización.
Finalmente la iniciativa cierra con “redoblar esfuerzos para facilitar, a través de acciones individuales o colectivas,el cese de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.
Amenaza a la región
A finales de mayo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en sesión extraordinaria, analizó la Carta Democrática Interamericana y consideró inaplazable evitar que los procesos de Nicaragua y Venezuela se extiendan en América Latina, ante las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad de las democracias en la región.
También consideraron crear mecanismos que permitan aplicar sanciones políticas y morales a las dictaduras regionales.
El régimen sandinista ha ignorado las resoluciones de los organismos multilaterales sin que haya repercusiones.
FUENTE: Con información de Infobae
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