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El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el viernes que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que la nación norteamericana ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién y que buscan llegar a ese país.
En una conferencia de prensa durante una visita por esa provincia selvática fronteriza con Colombia, Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión el lunes y que liderará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, sean devueltos en avión a sus respectivos países.
“Espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada”, dijo Mulino tras visitar el campamento de recepción temporal de Lajas Blancas, donde había el jueves alrededor de mil migrantes que esperaban tomar autobuses para seguir a Costa Rica. No quedó inmediatamente claro el contenido del acuerdo pero el mandatario electo dijo que el lunes hablará del tema con más detalles.
Mulino, quien tomará las riendas del país centroamericano a partir del lunes, ha prometido desde su campaña que lo llevó a ganar las elecciones en mayo que buscará cerrar ese corredor selvático en la frontera con Colombia por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes y más de 186.000 lo han hecho en lo que va de 2024, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos.
El nuevo líder de 65 años, acompañado de su equipo ministerial designado, llegará hasta un centro de recepción temporal donde miles de migrantes arriban cada semana a través de afluentes caudalosos —inclusive mujeres embarazadas y niños— tras sortear la jungla. Mulino conoce bien la zona debido a que fue ministro de Seguridad durante el quinquenio de Ricardo Martinelli (2009-2014).
En la víspera de su visita, los migrantes que estaban en Lajas Blancas —donde tomarán los autobuses con rumbo a Costa Rica— seguían contando las dificultades económicas y de seguridad en sus respectivos países que los empujaron a emigrar por una ruta a veces mortal. Varios también veían bien los planes del nuevo líder panameño de cerrar la migración por allí.
“Con ese gobierno que tenemos allá (en Venezuela) nunca tenemos vida”, dijo a The Associated Press Georyeth Barreto, un treintañero que dejó a su familia y a su hija de ocho años en la ciudad de Maracaibo. “Mi hija nació con un problema del corazón y no hay insumos, no hay dinero, no alcanza para nada».
“Sería bueno y que le den más vías legales para migrar a la gente y no hacer esa travesía terrible”, consideró Barreto al referirse a los planes de clausurar esa ruta. “Aunque si cierran por un lado, abren por otro”, advirtió.
Mulino también ha dicho que repatriaría a los migrantes que sigan cruzando el Darién, pero los expertos consideran que sería una tarea difícil y que sólo lograría deportar a un porcentaje mínimo cada día, además de lo costosa que sería la operación.
El nuevo presidente ha dejado entrever que buscaría acuerdos con Estados Unidos en esos esfuerzos en momentos en que persisten las denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y testimonios de muertes por esa ruta. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estará en la asunción del lunes.
“Fue horrible porque primero cuando llegué acá después de haber pasado todo lo más horrible murió mi esposa en una canoa… ella tenía un problema intestinal”, contó el venezolano Pedro Monte a AP. “Él (Mulino) tendría que hacerlo, cerrar, porque eso es lo más peligroso que puede haber, hay muchos ladrones, eso es lo más horrible; hay muertos, da lástima que se pierdan personas allí”.
Del lado colombiano, donde inicia la travesía por la selva, los riesgos para los migrantes incluyen la trata de personas y la violencia sexual, especialmente para los que tienen que pasar varios días en pueblos del Caribe colombiano porque sus recursos son limitados y están “desesperados por encontrar dinero para pagar las exorbitantes tarifas” de miles de dólares que les permitan continuar su viaje al Darién, advirtió un informe de la relatora especial sobre la trata de personas de las Naciones Unidas divulgado el viernes.
La relatora, Siobhán Mullally, indicó que las redes delictivas que operan en la zona también han afectado a los niños y jóvenes de comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas en las zonas fronterizas. “Son captados con fines de delincuencia forzada, reclutamiento y utilización, en particular como guías y porteadores a través del Tapón del Darién”, detalló el informe.
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