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BOGOTÁ.- El Tribunal de Paz que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto interno colombiano pidió este martes a la Fiscalía verificar presuntas interceptaciones ilegales que se estarían realizando en contra de sus magistrados.
El alto tribunal advirtió en un oficio dirigido a la Fiscalía que de comprobarse que están siendo espiados sus magistrados se “afectaría su independencia y autonomía”, así como los principios democráticos que rigen el Estado y se configuraría una amenaza a la seguridad de los togados.
La denuncia del Tribunal sucede a otra de características similares que generó alerta en varios sectores, incluida la rama judicial, que temen que se reviva en el país la persecución política desde organismos de inteligencia estatales como ocurrió a inicios de la década de 2000 con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La semana pasada el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, denunció ante la Fiscalía presuntas interceptaciones y seguimientos en su contra, por lo que el ente investigador abrió una pesquisa.
Esta martes, la Procuraduría, encargada de investigar disciplinariamente a funcionarios, abrió una indagación contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyas identidades serán determinadas en la pesquisa, por presuntas interceptaciones de magistrados de la Corte Constitucional en la que revisará si existen autorizaciones judiciales para adelantar escuchas. Además, citará al magistrado Ibáñez para que voluntariamente narre su caso.
En los últimos días la prensa local ha divulgado denuncias anónimas de magistrados del Tribunal de Paz que sospechan ser víctimas de seguimientos ilegales.
El Tribunal señaló en el documento dirigido a la Fiscalía que durante 2023 los magistrados “recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas”. Por tanto, pidieron una investigación sobre dichas amenazas y las sospechas de interceptaciones actuales.
El presidente Gustavo Petro aseguró en X que su gobierno “no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república”.
El Tribunal, denominado Jurisdicción Especial para la Paz, fue creado en cumplimiento del acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para dar fin a más de cinco décadas de confrontación armada.
Actualmente investiga crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por más de 9.000 exguerrilleros, 4.100 miembros de la fuerza pública y 184 civiles que participaron en el conflicto armado. Se espera que en los próximos meses el Tribunal emita su primera sentencia con sanciones que no implicarían cárcel, sino que pretenderían restaurar a las víctimas por medio de proyectos sociales.
FUENTE: Con informacíon de AP
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