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El Tribunal de Paz que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto interno colombiano pidió el martes a la Fiscalía verificar presuntas interceptaciones ilegales que estarían en curso contra sus magistrados.
El alto tribunal advirtió en un oficio dirigido a la Fiscalía que de comprobarse que están siendo espiados sus magistrados se “afectaría su independencia y autonomía”, así como los principios democráticos que rigen el Estado, y se configuraría una amenaza a su seguridad.
La denuncia del Tribunal sucede a otra de características similares que generó alerta en varios sectores, incluida la rama judicial, que temen que se reviva en el país la persecución política desde organismos de inteligencia estatales como ocurrió a inicios de la década de 2000 con el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La semana pasada el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, denunció ante la Fiscalía presuntas interceptaciones y seguimientos en su contra, por lo que el ente investigador abrió una pesquisa.
En los últimos días, la prensa local ha divulgado denuncias anónimas de magistrados del Tribunal de Paz que sospechan ser víctimas de seguimientos ilegales.
El Tribunal señaló en el documento dirigido a la Fiscalía que durante 2023 los magistrados “recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas”. Por tanto, pidieron una investigación sobre dichas amenazas y las sospechas de interceptaciones actuales.
El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en llegar al poder en Colombia, aseguró el martes desde X, antes Twitter, que su gobierno “no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república”.
El Tribunal, denominado Jurisdicción Especial para la Paz, fue creado en cumplimiento del acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado colombiano y la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para dar fin a más de cinco décadas de confrontación armada.
Actualmente investiga crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por más de 9.000 exguerrilleros, 4.100 miembros de la fuerza pública y 184 civiles que participaron en el conflicto armado.
Se espera que en los próximos meses el Tribunal emita su primera sentencia con sanciones que no implicarían cárcel, sino que pretenderían restaurar a las víctimas por medio de proyectos sociales.
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