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Setecientos funcionarios pertenecientes a la Defensoría del Pueblo se encargarán de verificar «el correcto funcionamiento» de las máquinas de votación y de la instalación de las mesas electorales. Su misión incluye también «la defensa y vigilancia» de los derechos humanos de los electores durante las próximas elecciones presidenciales.
Estos funcionarios se dirigirán a 1.436 centros de votación «para asegurarse de que la instalación de las máquinas y la verificación del material electoral se realicen correctamente, así como para supervisar la presencia del Plan República (operativo militar) y de los miembros de las mesas electorales».
Además, los funcionarios se asegurarán de que «el proceso de votación transcurra con total normalidad». Se comprometen a garantizar que las personas mayores y aquellas con discapacidades reciban asistencia en su voto si lo requieren y que las mujeres embarazadas tengan prioridad.
Asimismo, es responsabilidad de los funcionarios asegurarse de que «no haya electores en fila» al momento de cerrar las urnas y acompañarán al personal autorizado durante «la revisión de los comprobantes de votación».
El martes, la Fiscalía anunció que desplegaría 1.236 funcionarios con el objetivo de prevenir cualquier situación que pudiera «mancillar o entorpecer» el proceso electoral. Por otro lado, más de 388.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros cuerpos de seguridad de Venezuela fueron movilizados desde el miércoles para garantizar la seguridad durante el periodo electoral.
Este domingo, se presentarán a elección 10 candidatos, incluyendo a Edmundo González Urrutia, el candidato de la principal coalición opositora, y al presidente Nicolás Maduro, quien aspira a una segunda reelección.
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