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LIMA.- La organización Amnistía Internacional (AI) emitió un informe en el que asegura podría tener repercusiones significativas para la presidenta peruana Dina Boluarte y altos mandos de las fuerzas de seguridad del país.
Según ese organismo, las muertes de alrededor de 50 personas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 constituyen uno de los episodios más graves de violaciones masivas de Derechos Humanos en la historia reciente de Perú.
El informe de AI detalla que Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podría enfrentar responsabilidad penal por las decisiones tomadas durante la represión de las protestas. Pese a sus negaciones de contacto directo con la cúpula militar, el documento revela múltiples reuniones entre la mandataria y los comandantes de las fuerzas de seguridad, donde Boluarte tuvo la oportunidad de condenar el uso excesivo de la fuerza, pero optó por apoyar públicamente a los agentes y denigrar a los manifestantes como «terroristas» y «criminales».
La respuesta de las fuerzas de seguridad durante estas manifestaciones, que también resultó en más de 1.400 heridos, fue avalada por planes operativos firmados por la Policía Nacional, los cuales incluían órdenes explícitas para «eliminar barreras humanas». Estos planes, aprobados y supervisados por Boluarte, resultaron en el uso de armas de fuego contra los manifestantes, en contravención de las normativas peruanas e internacionales sobre control de multitudes.
AI destaca particularmente los eventos ocurridos en Ayacucho, donde el 15 de diciembre de 2022 se registraron diez muertes en un solo día. Durante siete horas, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes y transeúntes, ignorando llamadas urgentes de la Defensora del Pueblo para cesar el fuego. Posteriormente, Boluarte defendió la legalidad de estas acciones y promovió a Alberto Otárola, entonces ministro de Defensa, a primer ministro.
La organización criticó la lentitud y superficialidad de las investigaciones judiciales, que no han abordado adecuadamente la responsabilidad de Boluarte ni de los altos mandos de las fuerzas de seguridad. Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en Perú, enfatizó que las violaciones de Derechos Humanos no deben quedar impunes, especialmente cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y campesinas históricamente marginadas.
FUENTE: Con información de Europa Press
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