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Una barrera flotante que fue instalada en el río Bravo (o Grande) con el propósito de disuadir a los migrantes de intentar cruzar la frontera desde México hacia Texas puede quedarse en su lugar por ahora, falló el martes una corte federal de apelaciones de Estados Unidos.
La decisión del pleno de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito revoca una decisión anterior de un panel del mismo tribunal. Es el último desarrollo en el enfrentamiento entre Texas y el gobierno del presidente Joe Biden por la migración en la frontera de 1.930 kilómetros (1.200 millas) entre Texas y México.
En diciembre, un panel dividido de la corte de apelaciones había ratificado la decisión de un juez federal de distrito de Texas que dijo que las boyas debían ser removidas. El martes, el pleno de la corte dijo que el tribunal había abusado de su discrecionalidad al conceder el interdicto preliminar.
La demanda más amplia en la corte de distrito está programada para un juicio que comenzará el 6 de agosto, y en ella el gobierno de Biden acusa a Texas de violar la ley federal de Ríos y Puertos. Vanita Gupta, subsecretaria de Justicia, dijo que Texas “incumplía la ley federal” y podría perjudicar la política exterior de Estados Unidos.
La serie de boyas unidas y ancladas en hormigón se extiende aproximadamente por una longitud equivalente a tres campos de fútbol en uno de los puntos más usados para cruces fronterizos ilegales. El estado la instaló en la frontera internacional con México, entre la ciudad texana de Eagle Pass y Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila.
El Departamento de Justicia había pedido a un tribunal federal que ordenara a Texas retirar las boyas, alegando que la barrera genera inquietudes humanitarias y medioambientales a lo largo de la frontera internacional.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha desestimado la demanda y es aclamado por sus aliados conservadores, deseosos de que se produzcan fallos que faculten a los estados para adoptar medidas de inmigración más agresivas.
La barrera es una de las disputas legales por el control fronterizo entre Biden y Abbott. El gobierno de Biden también está luchando por el derecho a cortar las alambradas de la frontera y por el acceso a un parque de la ciudad en la frontera que el estado cerró con vallas.
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