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El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el jueves el llamado al gobierno de Cuba para que libere a unas 700 personas que aún permanecen en las cárceles de ese país por participar en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. La Habana rechazó el comentario y lo catalogó de «cínica propaganda» de Washington.
El comunicado de Blinken, a tres años de las inusuales protestas, hace un llamado a reflexionar «sobre la valentía y resiliencia del pueblo cubano» que «valientemente salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales».
El texto indicó que la convocatoria «al unísono» del pueblo cubano en La Habana, las capitales de provincias, y hasta en zonas rurales, fue un claro llamado para un profundo cambio en «la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos».
Las reacciones del gobierno de Cuba
Poco después, el ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez criticó lo que llamó «mentiras y cínica propaganda» de Washington, en una publicación en la red social X, en la que no mencionó directamente el comunicado, pero se refirió a calumnias proferidas por funcionarios del Departamento de Estado.
«En estos días, políticos EEUU y Departamento de Estado se empeñan en calumniar a #Cuba en búsqueda desesperada de apoyos electorales de mafia anti-cubana. Con sus mentiras y cínica propaganda, persiguen justificar la cruel y absurda política de asfixia económica del pueblo cubano», escribió Rodríguez en un post que acompañó con una bandera cubana y fue replicado por la cuenta oficial de la Cancillería de la isla.
Más de 700 detenidos
EEUU ha dicho que aún observa con preocupación la situación de unas 700 personas que siguen en las cárceles cubanas «detenidas injustamente» luego de las protestas pacíficas, de acuerdo con la declaración de Blinken.
«Reiteramos nuestro llamado a su liberación inmediata e incondicional, así como a la liberación de todos los presos políticos detenidos en Cuba. El pueblo cubano no será silenciado, como tampoco lo será nuestro compromiso de apoyarlo en su búsqueda de un futuro más brillante y libre», agregó el texto.
El senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, dijo en un mensaje en español en X, que después de tres años «las cosas se han puesto peor dentro de Cuba».
Rubio apuntó a las «condenas larguísimas» para muchos de los detenidos y se refirió a la economía «desbaratada» y la migración forzada de cubanos que buscan salir del país, en medio de una de las crisis económicas y humanitarias más serias de sus últimas décadas.
«El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que merece la libertad», subrayó el senador republicano de Florida, quien se encuentra en lo alto de la lista de aspirantes a vicepresidentes del expresidente Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca.
Poco después de los mensajes de Blinken y Rubio, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, criticó en X lo que describió como la «maquinaria anticubana» que «se empeña en llevar el tema Cuba a la campaña electoral de EEUU, aprovechando la corrupción y la mentira del proceso».
«Es parte de la persistente hostilidad del imperialismo contra una nación verdaderamente independiente, pacífica y solidaria», escribió en X Díaz-Canel, sin aludir directamente a personas o hechos.
La organización no gubernamental Justicia 11J documentó 1.887 manifestantes detenidos a dos años después de las protestas. De ellos, unos 793 continúan en prisión. Más de 900 personas han sido sancionadas y cerca de un centenar ya se han marchado al exilio.
El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado de «contrarrevolucionarios» a los manifestantes detenidos entre los millares que salieron a las calles de todo el país para exigir mejoras en la atención médica y soluciones a los problemas económicos que aquejan a la isla de sistema socialista.
La Habana sostiene que las protestas fueron financiadas y apoyadas desde el exterior para socavar su estancia en el poder.
La oenegé Prisioners Defenders contabiliza al menos 1.117 presos políticos en Cuba. El gobierno cubano los considera «mercenarios» financiados por potencias extranjeras y a menudo los juzga por delitos comunes, no políticos.
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