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BOGOTÁ.- El presidente colombiano Gustavo Petro instala este sábado un nuevo periodo legislativo en el Congreso que será clave para el futuro de sus ambiciosas reformas sociales en las que ya ha dicho que seguirá insistiendo a pesar de los fracasos que ha tenido hasta ahora.
Sin embargo, de fondo hace ruido un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) por presuntos sobrecostos en contratos que habrían servido para supuestos sobornos en favor de las reformas sociales del mandatario izquierdista. Exfuncionarios, ministros y congresistas han sido cuestionados y algunos enfrentan investigaciones judiciales.
Petro niega los presuntos sobornos a los legisladores.
El gobernante izquierdista ha apostado su capital político a las reformas sociales, como parte de sus promesas de campaña para reducir la brecha de desigualdad, que según asegura es un problema preponderante en el país. Pero sus victorias han sido pocas. La más notable fue la reforma pensional aprobada en junio, que cambia el esquema que funcionaba hace tres décadas. No obstante, se hundieron la reforma a la salud y la ley para regular el sistema educativo.
En la nueva legislatura se espera que el gobierno presente una nueva reforma a la justicia, al sistema educativo, a la salud y que continúe el trámite de la reforma laboral, a la que le restan tres debates para ser aprobada.
El actual Congreso -elegido en marzo de 2022 por voto popular- es diverso en sus fuerzas políticas y tiene una representación de la izquierda sin precedentes, aunque no suficiente para ser mayoría. Petro todavía debe convencer al centro político y a los partidos de derecha. Se prevé, según acuerdos políticos previos, que el conservador Efraín Cepeda obtenga la presidencia del Senado -la mayor posición de poder en el Congreso-.
“Cepeda ha demostrado no ser tan cercano al gobierno, pero es del Partido Conservador y ellos si bien no han apoyado algunas de las reformas, sí le han hecho quórum (presencia mínima para votar leyes) al gobierno y eso es una forma de apoyarlo”, señaló Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Los anteriores presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta corrupción. Sneyder Pinilla, exempleado de la Ungrd, investigado por la Fiscalía, denunció que parte del dinero para la compra de los carrotanques por 12 millones de dólares que resultó en sobrecostos habría ido a parar a las arcas personales de los congresistas. Name y Calle niegan dichas acusaciones.
Pese al escándalo de presunta corrupción, Garay considera que a los congresistas no les afecta del todo la percepción negativa que pueda tener la opinión pública y podrían apoyar las reformas sociales. “No me sorprendería que igual vayan a apoyar al gobierno, una cosa es la retórica y otra la práctica”, agregó el analista.
En esta nueva Legislatura, Petro impulsará sus proyectos con el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con quien quiere implementar un “fast track”, una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente hace siete años y que busca revivir, según dijo, para avanzar en la implementación del acuerdo de paz que en 2016 firmaron el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero la vía rápida no sería sencilla. El Congreso tendría que aprobar una ley que establezca los instrumentos jurídicos para dar trámite ágil, lo que tardaría varios meses, y luego la Corte Constitucional debe decidir si la propuesta es o no acorde con la Constitución.
Rechazo a la «fast track»
Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, dijo que no está de acuerdo con la figura del “fast track”, porque considera que desconoce los mandatos de la Constitución y “busca desconocer las funciones del Congreso” al no poder surtir todos los debates, sino ir por un camino expedito. También le preocupa que por esta vía se busquen aprobar otras reformas que no tienen que ver con el acuerdo de paz con las FARC, sino con su programa de gobierno y que no han tenido éxito en el Congreso.
Entre los propósitos de la «fast track», Petro planteó controversiales medidas como la excarcelación de más de 35.000 campesinos que cultivaron de hoja de coca -materia prima de la cocaína-; y la institución de un “sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación” para todos los actores del conflicto, sin aclarar si esto implicaría disolver o modificar la actual Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo de paz de 2016 para juzgar a exguerrilleros, militares y civiles que participaron en el conflicto armado.
Cadavid indicó que no hay certeza de lo que puede ocurrir, pues dice que “el Congreso, al tener una relación absolutamente transaccional con el gobierno nacional, es impredescible”, haciendo alusión al escándalo que involucra a algunos congresistas en el caso de corrupción en la Ungrd y que podría condicionar su actuación ante la propuesta de Petro.
FUENTE: Con información de AP
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