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España anunció el miércoles medidas para frenar la difusión de noticias falsas, una iniciativa que la oposición conservadora del país tacha de intento de censura de los medios de comunicación críticos.
El presidente socialista, Pedro Sánchez, dijo en un discurso ante la Cámara Baja que sin medios de comunicación libres y de calidad no hay democracia, y que sin fuentes de información fiables y diversas los ciudadanos están ciegos.
La propuesta llega en un momento en que el debate sobre la libertad de los medios de comunicación y la vigilancia de contenidos nocivos o engañosos se ha intensificado con las elecciones al Parlamento Europeo y otros comicios en Europa, India y Estados Unidos.
En España, como en otros lugares, las nuevas formas de distribución de noticias, como las plataformas sociales y las aplicaciones de mensajería y vídeo, están adquiriendo mayor influencia en el discurso político y pueden llegar a audiencias mucho mayores que los medios tradicionales.
Sánchez dijo que las normas irían dirigidas a todos los medios de comunicación.
España se ajustará a la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada en marzo. Esta ley está diseñada para regular los medios de comunicación, pero también para proteger a los periodistas del espionaje estatal o de ser obligados a revelar sus fuentes.
El Partido Popular, de tendencia conservadora, cuestionó el momento en que se presenta el proyecto de ley, dos días antes de que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, comparezca ante un tribunal en el marco de un caso de investigación por corrupción, que su marido ha tachado de noticias falsas azuzadas por los medios de comunicación de derechas con el apoyo de los partidos de la oposición.
El proyecto de ley es una «ley de censura», dijo el conservador Partido Popular, el mayor en la cámara baja, en un vídeo publicado en la red social X. «Sánchez, tras el asalto a las instituciones del Estado, ahora quiere controlar a los medios críticos. Defendamos la libertad de prensa», añadió.
Sánchez dijo que el Gobierno no daría un sello de aprobación a ningún medio de comunicación.
Sánchez también propuso exigir a los medios que identifiquen a todos los accionistas con influencia en la línea editorial, las cantidades que reciben en publicidad financiada con fondos públicos y de terceros países, y datos transparentes de audiencia.
También anunció una subvención de 100 millones de euros (109 millones de dólares) para ayudar a los medios tradicionales a digitalizarse.
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