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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes la vigencia de un estado de excepción por sesenta días en seis provincias y una población, con el propósito de hacer frente a la espiral de violencia desatada por bandas criminales.
El decreto argumenta un estado de grave conmoción interna y conflicto armado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en la población minera de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, en el sur del país, en donde las autoridades han identificado los mayores índices de violencia criminal.
En Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado a tiros el alcalde José Sánchez a mediados de abril, mientras que a inicios de esta semana la policía informó del hallazgo de ocho cuerpos torturados y calcinados en ese cantón, en lo que inicialmente identificó como un ajuste de cuentas entre bandas criminales.
La disposición restringe la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, así como el derecho a la libre asociación y reunión.
Esta es la tercera ocasión en que Noboa decreta un estado de excepción focalizado, aunque el 14 de junio, la última ocasión en que emitió un decreto similar, la Corte Constitucional lo anuló, aduciendo principalmente la falta de una adecuada argumentación de la existencia de un conflicto armado interno.
En este nuevo estado de excepción decretado el martes, Noboa explica la situación de conmoción interna y el conflicto armado interno en 44 páginas, en las que, entre otros argumentos, señala que se han identificado grupos armados organizados “y la intensidad de sus actividades ilícitas en el territorio ecuatoriano” a las que es necesario hacer frente mediante acciones conjuntas de las fuerzas armadas y la policía.
Un comunicado de la Presidencia, aseveró que con esta decisión, el presidente Noboa fortalecerá las estrategias «de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país, especialmente en estos sectores”.
Ecuador lleva desde inicios del 2021 sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de asesinatos que ubicaron la tasa de muertes violentas al cierre de 2023 en 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente. El año pasado hubo más de 7.600 crímenes. Las autoridades lo atribuyen a la acción de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.
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