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El Gobierno de España ha anunciado una extensión hasta octubre de 2025 para que los «descendientes de españoles exiliados» durante la era franquista (1939-1975) puedan solicitar la nacionalidad sin renunciar a la propia, conforme a la «Ley de Memoria Democrática o ley de nietos».
Según un comunicado emitido el martes 9 de julio, hasta la fecha, las oficinas del Registro Civil Consular han gestionado 301,121 solicitudes, con más del 95% provenientes de consulados en América Latina y Miami, Estados Unidos.
Los datos oficiales indican que Argentina y Cuba son los países con más solicitantes. De hecho, el 40% de las solicitudes se han registrado en los cinco consulados de Argentina, y junto con las de La Habana, Cuba, acumulan más del 53%.
El Ejecutivo español también señaló que en los consulados, «existe un número de solicitantes que difícilmente podrá ser citado y atendido antes de que concluya el plazo inicial de dos años establecido». La ley, que entró en vigor en octubre de 2022, originalmente fijaba su término en octubre de 2024, pero se ha extendido un año adicional.
En relación a las solicitudes en Venezuela, el consulado general de España en Caracas reportó el 13 de junio que en mayo, 719 venezolanos adquirieron la nacionalidad a través de la ley. Además, se realizaron procedimientos consulares en Barquisimeto, Falcón, Coro y Puerto La Cruz, donde se procesaron huellas de 1,953 individuos y se recibieron numerosos expedientes del Registro Civil.
A pesar de estos avances, algunos venezolanos han expresado su frustración por las demoras en el trámite, preguntando activamente en la red X sobre la situación de sus expedientes, solicitando mayor asistencia y respuestas claras del consulado.
Finalmente, la «Ley de Memoria Democrática o ley de nietos» permite a los venezolanos descendientes de españoles obtener la nacionalidad si nacieron fuera de España y son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por motivos de exilio político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, así como a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes recuperaron su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
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