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La justicia ecuatoriana sentenció el miércoles a 15 meses de prisión, además del decomiso de bienes y pago de multas, a Mayra Salazar, considerada pieza clave en el mayor caso de penetración del narcotráfico en la justicia, la política y la policía de Ecuador, denominado Metástasis, en el que están procesados medio centenar de personas.
El juez, Manuel Cabrera, declaró a Salazar como autora directa del delito de delincuencia organizada, y conforme al acuerdo con la Fiscalía, le impuso además una multa de 5.520 dólares, el pago de una indemnización 11.040 dólares, y el decomiso de bienes previamente incautados. La fiscalía informó que Salazar también deberá pagar 6.300 dólares por concepto de devolución de dinero que recibió en sus cuentas.
Salazar, comunicadora de 35 años, se benefició de una sentencia reducida en un 75 % tras acogerse a un proceso abreviado, después de entregar información que la Fiscalía considera crucial, incluyendo documentos y contactos que evidencian nexos entre autoridades del Estado y el crimen organizado.
Esta información permitió procesar a personajes como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, órgano de administración y control de la función judicial. Terán cumple prisión preventiva.
El Ministerio Público, en su cuenta de X, antes Twitter, dijo que Salazar operó desde la Corte Provincial de Guayas, entre mayo y octubre del 2022, sin haber sido funcionaria judicial —aunque se presentaba como relacionista pública de la entidad—, mantuvo contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero y “colaboró desde el ámbito administrativo, para favorecer la impunidad de la organización criminal” negociando con jueces dispuestos a recibir sobornos.
Salazar llegó el miércoles a la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, en un vehículo blindado y custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad; el juez dispuso que la prensa no pudiera grabar la audiencia, como una acción adicional de protección.
También están vinculados a este emblemático caso el general de policía Pablo Ramírez, exdirector del sistema penitenciario del país; la colombiana Claudia Garzón, parte de una propuesta de pacificación en las cárceles; siete jueces, varios fiscales, el ex asambleísta Ronny Aleaga —del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)— y abogados en libre ejercicio, entre otros.
Previamente fueron juzgados ocho acusados que recibieron sentencias reducidas de hasta 40 meses, tras prestar colaboración eficaz. El caso Metástasis inició tras el asesinato del poderoso narcotraficante Leandro Norero, en octubre del año pasado en una prisión del centro andino del país.
De los celulares de Norero la Fiscalía extrajo cientos de conversaciones de las cuales se han derivado otros dos importantes casos: Purga, que investiga la presunta relación entre la política, la justicia y el narcotráfico y Plaga, que indaga en una estructura ilícita que, se presume, pagaba ilícitamente a jueces para liberar presos de alta peligrosidad, o detenidos como el exvicepresidente Jorge Glas.
Salazar está en prisión hace siete meses, desde diciembre de 2023; con la decisión judicial de hoy, la procesada podría salir libre en marzo del próximo año.
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