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Pobladores amazónicos de Ecuador afectados por la quema de mecheros de gas de la industria petrolera y Amnistía Internacional (AI), advirtieron el miércoles ante la Asamblea el incumplimiento del Estado en la eliminación de cientos de antorchas, dispuesta en un fallo judicial.
En julio de 2021, un tribunal de justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos le dio la razón a un grupo de nueve niñas amazónicas que solicitaron una acción de protección para impedir la operación de los mecheros, que generan afectaciones a la salud y al medio ambiente, según informes de organizaciones ambientalistas.
El fallo judicial admitió que está práctica vulneró sus derechos a la salud, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana desde 2008, y dispuso su eliminación progresiva hasta 2030.
La justicia ordenó además de medidas de reparación.
“La implementación de la sentencia por parte de la industria (petrolera) ecuatoriana es una gran simulación” y no ha representado “una mejora en la vida de las comunidades, sus derechos humanos y el frágil ecosistema amazónico”, dijo la investigadora de AI Alicia Moncada, al ser recibida ante el pleno del legislativo. La especialista presentó un informe de la organización sobre este caso.
En junio, el entonces ministro de energía subrogante, Roberto Luque, dijo ante una comisión legislativa de biodiversidad que lleva adelante un proceso de fiscalización sobre los mecheros que, de 486 existentes, 145 se han eliminado y otros 341 se desmantelarían hasta 2030.
Sin embargo, el reporte de AI señala que algunas de las antorchas elevadas eliminadas han sido reemplazadas por otras que operan al nivel del suelo.
La investigadora Moncada enfatizó que al mantener esta operación “perniciosa”, el Estado también ha incumplido sus compromisos internacionales de reducir la emisión de GEI, contribuyendo al calentamiento global.
Los mecheros constituyen una práctica común en la industria petrolífera ecuatoriana para quemar gas y otros subproductos, produciendo metano y gases altamente contaminantes. Según el informe de Amnistía Internacional, sus efectos contaminantes se extienden hasta 5.000 metros desde el punto de emisión.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo, en un documento que presenta el informe y que está disponible el sitio web de la organización, que el “Estado ecuatoriano debe eliminar la quema rutinaria de gas en los mecheros que pone en peligro actualmente a la Amazonía, el mundo y el futuro de las niñeces que heredarán la tierra”.
Jamileth Jurado, activista climática amazónica de 16 años, aseguró ante los legisladores que, a 200 metros de su vivienda, en Shushufindi, —259 kilómetros al noroeste de Quito— se encuentra una plataforma petrolera donde un gran mechero lanza “una llama gigante que está prendida las 24 horas, con su ruido ensordecedor que nos enferma y que nos mata lentamente, tanto a las personas como a la flora y fauna”.
Por ello, dijo la menor, “les pido señores asambleístas que se exija el cumplimiento real de la sentencia”, porque “de la Amazonía se llevan toda la riqueza y tan solo nos dejan contaminación, deforestación, muerte y pobreza”.
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