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CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela reanudó la discusión sobre un proyecto de ley que amenaza a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Según la sociedad civil y organismos internacionales, esta iniciativa representa un riesgo para el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública.
En enero de este año, la AN inició las consultas públicas del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin fines de lucro.
Su aprobación, en primera discusión, fue cuestionada por representantes de al menos 400 organizaciones que advirtieron que se dio por “vía exprés” e irrespetando los procedimientos establecidos para la formación de leyes.
Estas organizaciones expresaron su preocupación porque esta ley busca “ilegalizarlas” masivamente, además de “suprimir” el derecho de asociación, tal como ha ocurrido en Nicaragua.
El régimen sostiene que la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines» tiene como objetivo garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de aquellos agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.
Sin embargo, el argumento del Poder Legislativo, controlado por régimen, se basa en la afirmación de que existen al menos 62 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, que operan con fines políticos destinados a “generar desestabilización”.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instaron a la AN a abstenerse de aprobar este proyecto de ley restrictivo. En un comunicado emitido en X, señalaron que “esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública”, advirtiendo sobre un contexto creciente de cierre del espacio cívico.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó que a finales de 2023 se envió una carta al gobierno venezolano con observaciones sobre las “restricciones incompatibles” impuestas por el marco jurídico actual.
Romero expresó su preocupación por el anuncio de la Asamblea Nacional chavista sobre su intención de retomar el proyecto de ley que regula a las ONG. Destacó que la reanudación del estudio del proyecto se produce «en un contexto de feroz represión», tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, una represión que ha afectado a activistas, periodistas, abogados y ONG.
El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, también expresó su preocupación por la posible aprobación tanto del proyecto sobre ONG como del nuevo marco legal contra el “fascismo”.
La situación sigue siendo tensa, mientras se espera el desarrollo futuro en torno a estas leyes que podrían impactar significativamente el panorama cívico y democrático en Venezuela
FUENTE: Provea.org, agencias, VOA,
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