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MIAMI.- Las cifras son alarmantes: más de 50 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trata o explotación humana, un crimen que mueve más de 150.000 millones de dólares y que está respaldado por gobiernos totalitarios como los de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros.
Estos datos inquietantes fueron revelados por Marcela Martínez, directora de la organización Zarlet Ilumina, durante su participación en el foro «Narcoestados, dictaduras y trata de personas», organizado este miércoles por el Instituto Interamericano para la Democracia.
Martínez, cuya hija fue secuestrada en 2012 por una red que supuestamente opera entre España y Venezuela, aseguró que los regímenes dictatoriales permiten el narcotráfico y la trata de personas porque, en sus palabras, “son estados criminales”.
Otra de las panelistas, María Werlau, directora de Archivo Cuba, denunció que las misiones médicas cubanas enviadas por el régimen a diferentes países del mundo «son verdaderos esquemas de explotación».
Werlau detalló que los médicos son obligados a trabajar en lugares remotos, bajo condiciones de vida deplorables y con un salario que oscila entre 20 y 25 dólares al mes. También advirtió sobre el creciente desplazamiento de personal médico cubano hacia México e Italia.
Un estudio citado por Werlau señala que algunos médicos incluso han sido sometidos a violencia sexual, lo que, según su análisis, constituye una “violación de las convenciones sobre la tortura”.
Rosa María Cendón, experta en temas de tráfico humano, intervino por videollamada desde España para subrayar que las redes de trata de personas a menudo están vinculadas al narcotráfico, y que las dictaduras y narcoestados son cómplices.
«Es una forma contemporánea de esclavitud», señaló, y enfatizó que «las dictaduras facilitan que estos negocios prosperen», acuñó. Asimismo, urgió la implementación de medidas legislativas para proteger a las víctimas de este flagelo.
Por su parte, el expresidente colombiano Francisco Santos, quien inauguró el coloquio, afirmó que desde las elecciones del 28 de julio en Venezuela, entre 400 y 500 venezolanos han ingresado diariamente a Brasil.
“Regímenes como el de Venezuela tienen alianzas con organizaciones criminales para expulsar personas de sus estados porque les conviene política y económicamente”, concluyó.
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