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CARACAS.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en Venezuela informó que ha identificado 12 patrones de represión en contra de las personas que han sido detenidas en los estados occidentales de Mérida, Táchira y Trujillo y contra quienes son objeto de persecución política en el contexto de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que se han registrado en la última semana en el país caribeño.
El registro del ODH-ULA, realizado conjuntamente con otras dos ONG, la Red de Derechos Humanos de Trujillo y el Foro Penal, da cuenta de 147 detenciones en los tres estados mencionados desde el lunes 29 de julio hasta la 1:00 pm del sábado 3 de agosto de 2024. Si se detalla por estado Trujillo suma 68 detenciones, Táchira 44 y Mérida 35, reseñó una nota de prensa.
El ODH-ULA señaló que de las 147 detenciones, identificó los datos de 108 personas. De ese grupo, nueve son adolescentes y 15 son mujeres (adultas y menores de edad); una de ellas esta embarazada y otra es madre lactante. Apuntó el ODH-ULA que algunas de estas víctimas ya han sido liberadas, «pero sus detenciones fueron arbitrarias y sus derechos humanos vulnerados».
Entre los patrones de represión en contra de los detenidos, el ODH-ULA incluye: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tratos crueles y degradantes; violación del principio de presunción de inocencia; imputación de delitos graves sin pruebas; negación del derecho a la defensa privada; violación del principio de individualización de la pena; tratamiento no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial; y tratamiento no diferenciado de las mujeres privadas de libertad.
Asimismo, el ODH-ULA identificó otros tres patrones de «persecución política» que considera «han generado y podrían generar más detenciones y represalias». Estos son: incitaciones al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como «Se busca». Recompensa. Líderes guarimberos», utilizando en algunos casos símbolos de organismos policiales; violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito; y hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa.
Desapariciones forzadas
De acuerdo al reporte, muchas de las personas que han sido detenidas estuvieron desaparecidas por horas e incluso días, y algunas de ellas todavía se encuentran desaparecidas, dijo el ODH-ULA sobre la base de los testimonios de familiares de las víctimas. La ONG acota que las autoridades no han proporcionado información oficial sobre los casos de detenciones.
Mencionó el caso de Roberto Antonio Andrade Andrade, que fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el martes 30 de julio en el municipio Libertador, estado Mérida, y a la fecha aún sus familiares desconocen su paradero.
Además de las detenciones, las víctimas son sometidas a tratos crueles y degradantes, mediante agresiones físicas y verbales, amenazas, coacciones e impedimento de acceso oportuno a alimentación e hidratación, según el reporte. Y no se queda allí. Tras ser liberadas, las personas son amenazadas para que no denuncien las agresiones.
Se imputan los mismos delitos
Abogados del ODH-ULA han podido constatar que en todos los casos de detenciones cometidas en Mérida se ha violado el debido proceso judicial en estos aspectos: imputación de delitos graves sin presentación de pruebas, lo que viola el principio constitucional de presunción de inocencia, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales; ausencia de individualización de cargos (todos los detenidos son imputados por los mismos delitos y presentados en audiencias grupales); imposición desde Caracas de defensores y Fiscales Nacionales antiterrorismo del Ministerio Público, pese a que los hechos sucedieron en Mérida; y designación de un juez para todos los casos, quien no se presenta personalmente en las audiencias, las cuales son realizadas vía telemática y posterior a los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Las imputaciones también responden a un patrón. A todos los detenidos se les imputan los mismos delitos y sin que se presenten pruebas: terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad, cuyas penas son de hasta 30 años de prisión. A algunos mayores de edad también les imputa el delito de uso de adolescentes para delinquir, previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
FUENTE: Con información de Nota de Prensa / Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
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