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La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala anunció el miércoles una denuncia por evasión fiscal por poco más de 39 millones de dólares, provenientes de 410 empresas que le brindaron bienes y servicios al gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
La denuncia fue interpuesta por el superintendente Marco Livio Díaz, que explicó que durante los años 2021 y 2023 unas 410 empresas facturaron al estado guatemalteco unos 5.730 millones de quetzales, equivalentes a unos 750 millones de dólares, supuestamente a cambio de bienes y servicios, de los cuales las compañías pagaron solamente un porcentaje pequeño de impuestos y evadieron poco más de 39 millones de dólares.
Con la denuncia la fiscalía deberá investigar si además de la defraudación de impuestos — no se pagaron el impuesto de valor agregado (IVA) ni el impuesto sobre la renta— hay irregularidades con los bienes y servicios, si realmente existieron o no.
La estructura, señaló Díaz, funcionaba con empresas grandes y pequeñas, que supuestamente vendieron al Estado productos en forma directa o a través de otras empresas. Entre los bienes y servicios que se habrían vendido estaban alimentos, equipo de oficina y renta de maquinaria, entre otros.
El funcionario aceptó dar los nombres de las pequeñas empresas pero se negó a nombrar a las grandes compañías, donde incluso hay constructoras, aduciendo que estaba bajo reserva de ley, pues las más grandes habrían sido las que más facturaron al Estado. El monto de facturación de las empresas más grandes alcanzaría los 563 millones de dólares.
Las empresas pequeñas, dice la denuncia, no tenían infraestructura ni empleados, por lo que no se sabe si realmente se entregaron los productos o servicios contratados. Varias de estas reportaron tener su sede en zonas empobrecidas y peligrosas del país, que eran vigiladas y custodiadas por particulares, lo que hizo casi imposible acercarse y puso en riesgo a los investigadores de la superintendencia, explicó Díaz.
El caso fue denominado B410. La B corresponde a Banco, porque muchas de las empresas pequeñas reportaron sedes en colonias del Banco de Vivienda, y el número representa la cantidad de empresas investigadas.
Además, el funcionario detalló que todas las empresas tenían el mismo representante legal, socio establecido en Belice y contador. Por lo menos el 75 % de las compañías fueron constituidas por el mismo abogado, el cual fue denunciado. No se dio a conocer su nombre.
Díaz dijo que se presentaron denuncias ante un juzgado, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de Cuentas de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación. También agregó que las empresas fueron desactivadas del sistema para que no puedan seguir funcionando.
“Hago un llamado a las cámaras empresariales… sector empresarial organizado, a la sociedad civil y élites intelectuales y religiosas y tanques de pensamiento, a que se pronuncien públicamente condenando este caso. No podemos construir un país con estas condiciones, donde la trampa y el robo privilegien los contratos”, concluyó Díaz.
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