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En cuanto pisó el sur de México esta semana, la venezolana Yuri Carolina Meléndez descargó en su teléfono celular la aplicación del gobierno estadounidense CBPOne para solicitar asilo en Estados Unidos.
«Tengo que esperar a ver si en verdad funciona”, dijo la mujer mientras descansaba bajo un árbol junto con sus hijas de 16 y 18 años en la carretera entre el río Suchiate — fronterizo con Guatemala— y Tapachula, considerada la capital de la frontera sur del país.
La aplicación no es nueva pero a partir de este viernes podrá utilizarse no solo desde el norte y el centro de México sino también desde los estados fronterizos con Guatemala —Chiapas y Tabasco—, algo que México lleva tiempo solicitando a Estados Unidos y que podría frenar el flujo hacia el norte y reducir riesgos a los migrantes que cruzan el país de forma irregular y muchas veces son víctimas del crimen organizado o de cualquier tipo de abusos.
Algunos migrantes, como el hondureño Germin Alemán, de 31 años, que dejó en su país a su esposa y tres hijos, es lo que hará apenas llegue a Tapachula. “Aquí la vamos a tramitar, vamos a esperar la cita», dijo mientras caminaba hacia esa ciudad tras cruzar el río fronterizo.
Otros no. Meléndez, la venezolana, quiere seguir avanzando para llegar a una zona de México donde pueda conseguir trabajo porque en el sur, los empleos escasean.
CBPOne ha sido una de las medidas de mayor impacto puestas en marcha por la administración de Joe Biden para favorecer la inmigración legal a Estados Unidos y desde que empezó a funcionar, en enero de 2023 más de 765.000 personas programaron citas para solicitar asilo en línea.
Además, desde junio, cuando Washington suspendió temporalmente la tramitación de asilo para quienes cruzaran la frontera irregularmente, la aplicación se convirtió en una de las pocas vías para pedir asilo. Ofrece casi 1.500 citas diarias.
Tras una llegada de migrantes sin precedentes a la frontera de Estados Unidos a finales de 2023 —en todo ese año fiscal la Patrulla Fronteriza interceptó a más de 2,4 millones de personas— México incrementó los controles para contener ese flujo y aumentó los traslados de indocumentados del norte al sur del país.
Las llegadas se redujeron pero para las autoridades mexicanas la expansión geográfica de CBPOne es un gran logro porque permite descongestionar aún más la frontera norte y la Ciudad de México, donde proliferan los campamentos de migrantes irregulares que esperan una cita.
“Eso nos va a ayudar muchísimo”, dijo la secretaria de Exteriores Alicia Bárcena a inicios de agosto cuando adelantó la medida. La migración es uno de los temas clave en las relaciones bilaterales.
Sin embargo, para más de medio centenar de organizaciones tanto estadounidenses como latinoamericanas —entre ellas algunas tan conocidas como Amnistía Internacional, WOLA, HIAS o IMUMI— hay poco que celebrar.
En una carta abierta al gobierno de México divulgada el jueves, afirman que CBPOne “es una transgresión al derecho internacional» porque por esa vía Estados Unidos limita el acceso a su territorio de personas con necesidades de protección.
En concreto, denuncian que muchos de sus usuarios se ven varados hasta por siete meses en México, en albergues saturados o campamentos sin condiciones dignas para vivir o han denunciado secuestros, abusos sexuales, tortura, y extorsiones a manos del crimen organizado y de autoridades.
En teoría, el Instituto Nacional de Migración (INM) permite el libre tránsito por el país a los migrantes que ya tienen cita de CBPOne pero, según los firmantes de la carta, ha habido casos en que personas con cita han sido llevadas a centros de detención migratoria y «retornadas al sur del país con el fin de evitar que se presenten en los puertos de entrada de Estados Unidos”.
El INM no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentario al respecto.
Además, dado que la situación en la frontera entre México y Guatemala —antaño una región relativamente tranquila— ha cambiado radicalmente y se ha convertido en escenario de una sangrienta batalla entre cárteles por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, las ONG piden una “intervención integral” del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de todas las personas migrantes.
Mientras tanto, en la plaza central de Ciudad Hidalgo, la localidad junto al río fronterizo con Guatemala, la gran pregunta era ¿quedarse a esperar la cita o avanzar?.
Un grupo de migrantes sopesaba sus opciones y el tema económico era lo primero a tener en cuenta porque todos han oído que en el centro y el norte de México hay más posibilidades de empleo, aunque sea informal, mientras esperan respuesta de las autoridades norteamericanas.
“Si hay oportunidades de trabajo nos quedamos; si no, seguimos avanzando mientras nos dan la cita”, aseguró Yuleidi Banqué una venezolana de 28 años, recién llegada a México con su pareja y su hija de 7 años. “Mi niña está mala…se alimentan por un botón gástrico, necesitamos ayuda”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es cauteloso ante el nuevo escenario.
Giovanni Lepri, responsable de ACNUR en México, indicó en un mensaje a AP que la ampliación del acceso al CBPOne puede significar menos riesgos para los migrantes en su ruta hacia el norte pero alertó que para atender la migración en la región es necesario combinar medidas distintas «tales como estabilización en los países de origen, protección en los países de tránsito y opciones de regularización y asilo en los países de destino”.
Para la salvadoreña Noemí Ramírez de 47 años, escuchar en las noticias que podría iniciar su trámite en Estados Unidos desde Chiapas, la decidió a emprender inmediatamente el viaje con su hija de 19 años hasta Tapachula.
“Vamos a esperar hasta que nos salga la cita, no me pienso mover más», dijo mientras caminaba hacia esa ciudad, preocupada por la violencia en la ruta. “No me voy arriesgar con mi hija, somos solas”, agregó.
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