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CARACAS.- En Venezuela se registraron 56 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el mes de julio, 38 más que en junio, cuando se documentaron 18 casos, informó la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
La violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición, dijo la ONG en su informe.
Destaca que, a partir del 28 de Julio, en el contexto de represión poselectoral se registró el 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes.
“La política de criminalización, represión y control social avanzó en el contexto preelectoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos”, señaló la organización en su reciente reporte.
Del total de casos, «26 fueron de estigmatización, 20 de intimidación y hostigamiento, cinco ataques digitales, cuatro de amenazas y una detención arbitraria”.
La organización sostuvo que el mes pasado fue constante el uso de plataformas comunicacionales para “amedrentar y estigmatizar” a personas y organizaciones, “con el objeto de desvirtuar sus actividades bajo la lógica del enemigo interno y pretender vincular sus actividades a hechos de desestabilización o político-partidistas”.
Detalló que el 80 % de los casos (45) registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 20 % (11) estuvo dirigido a personas defensoras de derechos humanos.
Del total 19 agresiones (34%) fueron realizadas por funcionarios públicos y 14 casos (25%) fueron perpetrados desde los medios estatales, según la documentación del ente no gubernamental.
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“Los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generan gran preocupación, pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal”, añadió el CDJ.
La preocupación se afianza porque el pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, aprobó, de manera unánime, la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales’ que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa, lo cual preocupa a los defensores de derechos humanos.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen, entre otras cosas, prohibido recibir aportaciones económicas destinadas a organizaciones políticas o hacer aportes a dichas formaciones, así como lo que el texto jurídico considera sin precisión ni alcance como delito «promover el fascismo, la intolerancia o el odio”.
Establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de las prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”, en un régimen donde no hay separación de poderes.
FUENTE: Informe del Centro para los Defensores y la Justicia / Efecto Cocuyo/ Redacción Diario las Américas
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