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El canciller de España, José Manuel Albares, anunció este jueves que ante las evidencias de que el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene «voluntad» de divulgar las actas con los resultados de las elecciones presidenciales de julio, su país solicitará a la Unión Europea (UE) evaluar “qué hacer” para que la voluntad democrática de los venezolanos “triunfe”.
“Tenemos los 27 (miembros de la UE) que enfrentarnos a la situación de que probablemente no vamos a poder conocer y no se van a poder analizar por parte de la oposición esas actas. Contamos, además, con informes muy importantes de observadores que estuvieron en el terreno que trasladan dudas muy serias sobre lo que ocurrió en el momento en el que se hizo el recuento electoral”, manifestó Albares.
Albares, que no habló de sanciones y se refirió a la necesidad de apostar al diálogo, dijo además que solicitará “que no se reconozca ningún resultado” ni la victoria de Maduro – proclamada por la autoridad electoral nacional– si no se exhiben y verifican las actas de todas mesas de votación.
Un mes después de las elecciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados desglosados del proceso.
La oposición publicó copias de las actas que conservaron sus testigos en los centros de votación en una página web y que confirmarían la victoria del candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, un embajador retirado de 75 años que fue respaldado por María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
González Urrutia fue citado a declarar ante el Ministerio Público por la publicación de las actas que las autoridades consideran “usurpación de funciones”, sin embargo, en el 2013 el partido de gobierno publicó copias de sus actas digitalizadas tras las elecciones presidenciales en las que Maduro se impuso por estrecho margen sobre el excandidato opositor Henrique Capriles, sin que hubiera acciones judiciales.
Decenas de países se han pronunciado para condenar una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que falló convalidando los resultados electorales, tras un recurso interpuesto por Maduro, que de acuerdo con juristas, no existe precedentes en el marco legal venezolano. Más de 20 países y organizaciones han pedido una auditoría imparcial e independiente de los resultados.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno de Maduro afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.
Los resultados electorales provocaron protestas que, en algunos casos se tornaron violentas, y que dejaron 27 muertos y unos 2400 detenidos.
El gobierno de Maduro acusa a la oposición de haber promovido actos violentos, mientras que la oposición sostiene que se busca imponer esta narrativa para justificar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e intimidación contra la disidencia.
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