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La fiscalía guatemalteca presentó el miércoles una solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente Bernardo Arévalo, para que responda a los supuestos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad en un presunto caso de corrupción, en un nuevo capítulo de las pugnas entre las dos partes.
En el año transcurrido desde que fue elegido en las urnas, Arévalo ha sufrido tres peticiones para quitarle el fuero, presentadas todas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que ha buscado a través de diversas causas evitar que accediera a la Presidencia y después forzarlo a abandonarla.
«Se solicita el retiro de antejuicio (inmunidad) por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones al haber dado instrucciones ilegales a la exministra de Comunicaciones», dijo el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en conferencia de prensa.
La fiscalía presentó como pruebas un audio filtrado en redes sociales de una conversación entre el gobernante y la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, sobre un mecanismo de pago a constructoras contratadas por el gobierno anterior.
Según el jefe de la FECI, entre las empresas a las que se les pagó hay una constructora «vinculada» al embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos por unos 8.5 millones de dólares.
«Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe», respondió Arévalo a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Curruchiche fue incluido en la lista Engel de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha sido sancionado por más de 40 países por sus intenciones en «socavar la democracia» en Guatemala.
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