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El gobierno de Nicaragua anunció el lunes que canceló la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales, por una supuesta falta de transparencia en su operación, en medio de una serie de acciones de la administración del presidente Daniel Ortega contra esos grupos, a los que acusa de financiar a sus opositores.
La medida fue publicada en el diario oficial La Gaceta el lunes, días después de que el Gobierno anunciara que implementaría unas reformas a la ley para suprimir exoneraciones tributarias a ONGs y para imponer una autorización previa de las autoridades a sus proyectos.
«Han incumplido sus obligaciones (…) ya que no reportaron por períodos de entre uno hasta 35 años sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desglose detallado de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas», dice una resolución del Ministerio del Interior.
Desde la crisis de 2018, cuando más de 362 personas murieron en las protestas antigubernamentales, según organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Ortega ha inhabilitado a más de 5.000 ONG, universidades privadas, medios de comunicación y ha expulsado y encarcelado a opositores.
El Ministerio del Interior resolvió, además, el traspaso a nombre del Estado, los bienes de las 1.500 ONG, que enumera una por una y entre las cuales hay varias religiosas, católicas y protestantes.
En los últimos años, autoridades nicaragüenses han cerrado medios de comunicación, colegios y universidades católicos, como parte de una ola de acciones que organismos de derechos humanos han catalogado de persecución contra la Iglesia.
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