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La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el martes que no realizará acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, como una muestra de su voluntad de paz, pese a que expiró un cese bilateral con el Gobierno en medio de una negociación de paz.
Un segundo cese bilateral de seis meses venció el sábado y no fue extendido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien aún no ha aclarado si la negociación continuará o se suspenderá.
«En el marco de esa voluntad de paz, el ELN no adelantará operaciones ofensivas contra las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano», dijo un comunicado del Comando Central del grupo rebelde.
Sin embargo, la organización guerrillera advirtió que «hará uso del derecho a la legítima defensa» si sus unidades son atacadas o si las fuerzas del Estado avanzan amenazando sus posiciones.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reanudaron las operaciones ofensivas contra el ELN después de que expiró el cese bilateral al fuego, dijo el lunes el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo con un frente de guerra del suroeste del país que se separó del ELN, para avanzar en una negociación con el propósito de entregar las armas y reincorporarse a la sociedad.
La negociación se congeló en los últimos meses y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno de Petro ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
Antes de que expirara el cese bilateral al fuego, el ELN solicitó al Gobierno retirarlo de una lista de Grupos Armados Organizados ratificando el carácter político de la organización, demandada a la que el Gobierno no accedió.
El grupo rebelde reiteró su solicitud de ser retirado de esa lista, anunció que esperará hasta el 23 de agosto para que el Gobierno lo haga y proceder a asistir a una reunión extraordinaria con la delegación gubernamental.
Petro también mantiene una negociación con una parte del Estado Mayor Central (EMC), una facción de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió a un acuerdo de paz del 2016.
El Gobierno también comenzó recientemente una negociación por separado con la Segunda Marquetalia, una facción de las FARC que abandonó el acuerdo de paz del 2016 y regresó a la lucha armada alegando incumplimientos por parte del Estado, mientras que próximamente instalará una mesa con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
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