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Cerca de un centenar de personas protagonizaron el martes una marcha para exigir que las autoridades ecuatorianas cumplan con lo dispuesto en una consulta popular de hace un año y pongan fin a la extracción de petróleo en un sector de la Amazonia donde viven pueblos indígenas, entre ellos dos grupos en aislamiento voluntario.
La lideresa del pueblo waorani, Alicia Cahuiya, dijo en un discurso ante los manifestantes que hace un año los ecuatorianos votaron para que “el petróleo se quede en el subsuelo para cuidar el futuro del Yasuní” y reclamó que “el gobierno no ha cumplido el compromiso de Ecuador con la Amazonia».
También pidió que un representante de su grupo sea incluido en una comisión que se encarga de planificar el cierre de las actividades petrolíferas en el parque nacional Yasuní.
Una docena de waoranis estaban ataviados con tocados de plumas y piel de animales y cuando se apostaron frente al Ministerio de Energía algunas mujeres cantaron en su lengua nativa.
En una consulta popular realizada el 20 de agosto de 2023, un 58,99 % de los votantes dijo no a la extracción de crudo en el Yasuní. La Corte Constitucional, que aprobó que se incluya ese tema, dio al gobierno el plazo de un año para retirar la infraestructura petrolera en el campo denominado Yasuní ITT.
Desde hace 10 años en el Yasuní se extraen alrededor de 57.000 barriles de crudo diarios que, según cifras oficiales, dejan ingresos por 1.200 millones de dólares anuales al fisco.
Allí viven dos comunidades indígenas en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane, que se mueven libremente por la selva y rehúyen cualquier contacto con la cultura occidental. El Yasuní fue declarado en 1989 Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Zenaida Yasacama, aseveró en el mismo acto que “queremos hacer escuchar nuestra voz” como defensores de la naturaleza “a la que no defendemos un año o dos años, la hemos defendido toda la vida”.
El ministro de Energía, Antonio Goncalves, ha dicho que ese campo se va a cerrar y que e trabaja con la empresa estatal Petroecuador en un “plan de salida, de desmantelamiento”. El gobierno previamente señaló que tal acción puede demorar entre tres y cinco años debido a la complejidad de la tarea.
Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30 % de sus ingresos.
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