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Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, aprobó unánimemente la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales». Esta ley permite la disolución judicial de cualquier agrupación que infrinja las normas establecidas.
En la sesión, se aceptó una propuesta de Diosdado Cabello, para incluir una cláusula que impide a las ONG aceptar fondos que podrían ser utilizados para el financiamiento del terrorismo. Cabello argumentó que algunas organizaciones que reciben financiamiento externo están involucradas en actividades subversivas como las guarimbas (protestas violentas). «Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad», declaró.
¿Cuáles son los principales puntos de la ley que regula a las ONG?
Según la nueva normativa, está prohibido para las ONG recibir o realizar aportes económicos a organizaciones políticas, y promover el «fascismo, la intolerancia o el odio». La ley también establece que la violación de estas prohibiciones, o el no pago de multas impuestas, puede resultar en la disolución de la asociación, decisión que será tomada por un tribunal civil tras agotar los recursos judiciales.
Además, la ley exige que las ONG notifiquen cualquier financiamiento o donaciones que reciban para verificar la legalidad de los fondos. También deben informar detalladamente sobre las donaciones recibidas, identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las contribuciones son accidentales o permanentes.
El control del cumplimiento de estas normas está asignado al Ejecutivo, que implementará y evaluará mecanismos para asegurar el seguimiento de estas obligaciones y prohibiciones.
La reanudación del debate sobre esta ley se produjo tres meses después de la última discusión, a pesar de las preocupaciones expresadas por muchas ONG sobre la restricción del espacio cívico y del derecho de asociación. El martes, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, instó al Gobierno de Venezuela a rechazar este proyecto de ley y otro que busca regular las redes sociales, dada su potencial afectación negativa sobre los derechos humanos y la democracia.
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