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CARACAS.- En Venezuela, el fascismo, que es conocido históricamente por promover un sistema político autoritario y nacionalista, se centra en el “odio” y la Asamblea Nacional (AN), afín al régimen, ha desengavetado el proyecto de ley para debatirlo y ponerlo en vigencia contra la oposición, en medio de la crisis política surgida por el fraude en las presidenciales pasadas.
Este 14 de agosto, la AN aprobó someter a consulta pública el royecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones similares, cuya propuesta fue entregada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez al presidente del parlamento y hermano, Jorge Rodríguez, en abril pasado, por solicitud de Nicolás Maduro.
El proyecto, según la funcionaria de Maduro, estaría basado en supuestas “expresiones y acciones de organizaciones y partidos abiertamente fascistas, en los últimos 25 años”.
“Le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que Venezuela se sane de fascismos y no vuelva a surgir nunca más”, dijo Maduro en transmisión nacional, a lo que desde el parlamento se comprometieron en darle celeridad.
Este jueves, la AN tiene previsto aprobar una ley contra las ONG.
Qué dice la ley sobre fascismo
Esta ley representaría una forma de intensificar la represión contra la oposición y disidencia del régimen, según juristas y analistas políticos.
El proyecto de ley sobre el fascismo, de 30 artículos, establece que toda persona “que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos” será castigado con pena de ocho o 12 años de prisión “e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.
Con la misma pena, dice la norma, será sancionada toda persona que denigre de la democracia, sus instituciones y los valores republicanos” y, además, que “propugne la eliminacion de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, a favor de determinados sectores de la sociedad” .
Además, considera un “agravante” que “sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de similar naturaleza” y le atribuye al Ministerio Público “ordenar y dirigir la investigación penal de los delitos previstos en la ley”.
También establece multas “hasta de 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central” para aquellas personas u organizaciones que “financien o apoyen materialmente a una organización con fines políticos, movimientos y organizaciones sociales”, que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresione similiares”.
Represión, prohibiciones y sanciones
El represivo proyecto de ley prohibe reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares, y autoriza a las “autoridades públicas” a evitar o disolverlas.
El CNE “cancelará” el registro de organizaciones con fines políticos y el Tribunal Supremo “acordará la disolución” de organizaciones sin fines políticos, si estas hacen “apología” o se fundamenten en el fascismo y similares.
Igualmente, prevé sanciones a “prestadores de servicios de radio y televisión que “difundan publicidad, propaganda o mensajes” y no garanticen “espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
Los contenidos mediáticos prohibidos son: hacer apología o promover la violencia como método de acción política; favorecer y reproducir “la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte”; entre otros mensajes de propaganda y publicidad.
Maduro se uniría así a los gobiernos de México y Argentina que han empleado el término fascista para describir a sus críticos y opositores políticos, señaló el jurista Carlos Sarmiento Sosa en una publicación.
Mencionó también a Pedro Sánchez, en España, por “advertir el resurgimiento del fascismo en Europa y manipular el término para supuestamente alertar sobre lo que considera tendencias autoritarias y antidemocráticas en algunos sectores de la política hispana”.
FUENTE: Con información de DW, TeleSur, Confirmado,
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