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Los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 dieron el martes por concluidas sus reuniones con el actual gobierno, decepcionados, porque siguen «sin verdad ni justicia plenas”, indicó el Centro Prodh, la organización que les representa legalmente.
“Nos dio una esperanza muy grande, muy bonita, nos sentimos que íbamos a llegar a la verdad”, dijo, con la tristeza reflejada en su rostro, una de las madres, Joaquina García, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir el último encuentro con el mandatario.
“Lamentablemente no fue así pero vamos a seguir en esta lucha”, agregó, tras reconocer el “sabor amargo” que les deja “no saber nada” del destino de sus hijos.
A casi diez años del ataque ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, todavía se desconocen muchos detalles y no está claro ni el móvil ni el destino de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa —una escuela de maestros rurales — aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos.
Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
Aunque durante esta administración se consideró el ataque un “crimen de estado” y la fiscalía federal determinó que era falsa la versión oficial de la anterior administración, a la que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam llamó la “verdad histórica”. Murillo Karam está hoy procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, siguen muchas preguntas sin respuesta y el presidente ha minimizado la participación de las Fuerzas Armadas que las víctimas consideran fue clave.
Las familias de los desaparecidos denuncian fallos en la investigación y falta de entrega de documentos militares y dijeron el martes que concentrarán sus esfuerzos en la movilización del décimo aniversario y en interpelar al próximo gobierno que liderará Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre.
“Un caso de desaparición no puede cerrarse hasta que el Estado esclarezca el paradero de todas las víctimas”, subrayó el Centro Prodh en sus redes sociales.
Hay decenas de detenidos en este caso —entre ellos el exprocurador general de la República—, otros arrestados fueron puestos en libertad por errores en el proceso. No hay sentenciados por las desapariciones.
Entre las personas que siguen prófugas está Tomás Zerón, exdirector de investigaciones de la procuraduría federal. Según documentos divulgados esta semana por el medio independente Fábrica de Periodismo, Zerón declaró a funcionarios que indagaban la desaparición de los estudiantes que la llamada “verdad histórica”, ofrecida semanas después de los acontecimientos, fue una narrativa elaborada por las máximas autoridades del Estado durante reuniones en las que participó el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El exmandatario no ha sido acusado de ningún delito.
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