[ad_1]
Millones de venezolanos atendieron al llamado a las urnas electorales a un proceso que, de acuerdo con el Centro Carter, invitado por el chavismo como observador internacional, no puede ser considerado democrático por no cumplir con los “estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes” e infringir la legislación venezolana.
El régimen chavista concluyó una jornada, en la que los venezolanos dejaron en manifiesto su talante cívico y democrático, con una arremetida de sus órganos de represión y de colectivos armados, que intentaron controlar el proceso de escrutinio, cuyas actas fueron defendidas por miembros de mesa y testigos, pese a los ataques de los que fueron víctima.
A medianoche, Amoroso, supuestamente con el 80% del escrutinio y con tendencia “contundente e irreversible”, anunció que Maduro había sido reelecto con 5,150,092 votos (51,20%) frente a 4,445,978 (44,2%) que habría obtenido el abanderado de la oposición democrática, Edmundo González Urrutia. Así, de manera apresurada, Amoroso proclamó a Maduro presidente electo sin que finalizara el proceso de escrutinio, totalización y auditoría de las actas.
“El régimen de Maduro no está cometiendo un fraude electoral per se, sino que está llevando a cabo un golpe de Estado”, asegura Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio (2017), en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Un autogolpe
Los resultados emitidos por el ente rector electoral, que no ha publicado en su página web ni siquiera el primer boletín por presunto hackeo, fueron refutados por la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, que para final de la tarde del 30 de julio había logrado recaudar y digitalizar 81,21% de las actas, que dan como ganador a González Urrutia con 7.119.768 votos (67%) sobre 3.225.819 (30%) que obtuvo Maduro.
Para Martín, la decisión de Maduro, en consonancia con el CNE, el alto mando militar, la fiscalía general y el TSJ, de desconocer la voluntad popular y declarar ganador al jerarca chavista con un primer boletín sin que exista un acta de totalización, “incumpliendo con lo que es el principio de publicidad de las actas de votación y la totalización”, constituye un autogolpe del régimen venezolano.
“Sin las actas de votación y totalización no es viable un acto de proclamación. Ninguno de los candidatos ni los partidos políticos ni la comunidad internacional ni el pueblo venezolano pueden verificar esos resultados que emitió el CNE en un primer boletín. Es decir, estamos frente a lo que considero un autogolpe, que ocurre cuando el propio gobierno de un país actúa contra el Estado que administra para alterar las reglas a su favor y perpetuarse en el poder”, sostiene.
Este, asegura, es el escenario en el que se encuentra Venezuela, ante la decisión de Maduro de mantenerse en el poder, pese a que “existen pruebas fidedignas, como van a ir saliendo poco a poco, de que perdió las elecciones con una diferencia muy grande”.
Exmagistrado.png
Cortesía Twitter Miguel Ángel Martín
Vulneración de las leyes
El jurista indica que, con su accionar, la cúpula del régimen ha vulnerado todas las normas constitucionales referentes a la participación ciudadana, la soberanía popular, las leyes electorales y la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
“No tenemos un resultado electoral porque no existe ningún documento público emanado del CNE que permita verificar el contenido de la expresión popular. No hay sustento de las actas que conforman el primer boletín, mucho menos tenemos un acta de totalización, no se saben realmente los resultados del punto de vista oficial. Se están violentando normas constitucionales y leyes electorales que establecen los procedimientos de totalización, los principios de publicidad de las actas, de la totalización y la verificación de los resultados”, apunta.
El régimen habría vulnerado los artículos 142, 146, 150 y 152 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y el artículo 30, numeral 6, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), al saltarse el escrutinio de todas las mesas electorales, la totalización de las actas y la adjudicación del cargo, para la proclamación de Maduro, de acuerdo con un análisis del abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández.
“Todas esas fases deben quedar reflejadas en actas electorales, con las formalidades prescritas en la Ley, las cuales son esenciales para garantizar la transparencia y certeza de los resultados electorales”, explica.
Al faltar la totalización de las actas, cuyo lapso venció el martes a las 6:00 pm, junto a la divulgación de los resultados electorales por mesa de votación, el jurista sostiene que no puede haber una proclamación del cargo, como dispone la ley, por lo que “no puede sostenerse jurídicamente”.
“El resultado es un vacío constitucional, pues no hay presidente electo en los términos del artículo 228 de la Constitución, vencido el lapso para publicar o difundir los resultados electorales basados en la totalización (…) no hay ninguna de las actas electorales que acreditan que, en efecto, Maduro obtuvo la mayoría de los votos”, subraya Hernández.
Resistencia ciudadana
El accionar del régimen es un hecho sin precedentes en la historia venezolana, que ha sido condenado por casi 20 países reunidos entre la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y EEUU. Además, despertó el rechazo popular de los ciudadanos, quienes se volcaron a las calles en defensa de la voluntad expresada el 28 de julio.
“Tenemos una resistencia ciudadana en las calles que está reclamando, precisamente, que se respete la soberanía popular y la voluntad expresada en las urnas. No me refiero a la clase media venezolana, me refiero a la clase popular venezolana, a la gente que vive en las barriadas, que se ve burlada”, indica Miguel Ángel Martín.
La resistencia ciudadana, menciona, es un derecho consagrado en el artículo 350 de la Constitución, que no constituye en lo absoluto un golpe de Estado, como alegó el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López. “Ese es el pueblo que en algún momento quizás votó por el chavismo y ahora le está diciendo que Maduro tiene que irse. Son ellos los que cometieron un autogolpe, es una irresponsabilidad por parte del alto mando militar y del ministro de la Defensa decir eso porque son ellos los que están violando la soberanía popular”, señala.
Considera, además, que el problema no se resolverá exigiéndole a la tiranía que publique las actas. “Proclamaron al señor Maduro y, por lo tanto, o ellos anulan ese acto y permiten la verificación, con la publicación de las actas, o sencillamente tienen que dejar el poder y permitir la llegada a la transición en Venezuela”.
@ebritop22
[ad_2]
La fuente
