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MANAGUA.- El régimen de Nicaragua impuso nuevas obligaciones fiscales a las organizaciones religiosas y ordenado el cierre de 151 ONG, en una acción que marca un nuevo capítulo en la represión gubernamental desde las protestas de 2018.La reciente resolución del dictador Daniel Ortega, publicada en el diario oficial La Gaceta, revoca la exención fiscal que anteriormente beneficiaba a iglesias y entidades religiosas.
Ahora, estas organizaciones deberán pagar impuestos de hasta el 30% sobre sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado. La medida busca aumentar la recaudación fiscal y restringir el impacto económico de las entidades religiosas, que han sido críticas del régimen.
El cierre de las 151 ONG se produce apenas tres días después de la disolución de 1.500 organizaciones, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica. Con este cierre, el total de organizaciones anuladas desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018 asciende a aproximadamente 5.300. El régimen de Ortega acusa a estas organizaciones de apoyar las protestas, que fueron vistas como un intento de golpe de Estado auspiciado por actores externos.
Además de los cambios fiscales, Nicaragua implementó una nueva normativa que exige a las ONG operar en «alianzas de asociación» con entidades estatales, lo que limita su autonomía y podría restringir sus actividades. Esta normativa ha sido duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional.
Rechazo internacional
La comunidad internacional manifestó su preocupación. Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, condenó el cierre de las ONG y el acoso a comunidades religiosas, calificando estas acciones como una violación de los derechos fundamentales. La ONU también expresó su alarma, describiendo el cierre de las organizaciones y la confiscación de bienes como una escalada en la represión sistemática del régimen de Ortega.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial nicaragüense actualmente en el exilio, señaló que estas medidas representan una intensificación de la persecución del régimen contra la oposición y la sociedad civil. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sanciones contra el círculo cercano de Ortega, en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la represión durante las protestas de 2018.
Ortega, quien regresó al poder en 2007 tras haber gobernado Nicaragua en la década de 1980, defiende sus políticas como una respuesta necesaria a lo que considera intentos de desestabilización respaldados por Washington.
FUENTE: Con información de AFP
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