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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que las numerosas demandas en los tribunales que enfrenta la Corporación La Prensa en Panamá ponen en riesgo la libertad de expresión en el país.
El organismo considera que el monto de las exigencias compensatorias en los casos civiles y penales, amenazan con “sofocar la capacidad de subsistencia de esa empresa”.
La junta directiva del medio de comunicación panameño notificó la SIP que en total son 20 procesos judiciales; 15 de orden civil y 5 casos penales contra el medio, con una sumatoria de 60 millones de dólares por multas e indemnizaciones.
La presidenta de la corporación, Annette Planeéis, ha explicado que las demandas son encausadas por exfuncionarios de gobierno, excontratistas del Estado, diputados en turno y figuras públicas como la esposa del expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, y condenado a 10 años de prisión por casos de corrupción.
También figura otra millonaria demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien gobernó Panamá en la segunda mitad de la década de 1990.
La SIP advierte que este caso reviste importancia porque a finales del año pasado, un tribunal revocó en segunda instancia el fallo a favor del medio de comunicación que había emitido un juez, por la demanda civil interpuesta por el expresidente Pérez Balladares, en 2012, y ordenaba a la empresa pagar 5.000 dólares por concepto de “daño moral”.
Sin embargo, la demanda volvió a los tribunales y ahora el caso ha llegado a la Corte Suprema de Justicia que dictaminará si aplica la indemnización de 5,5 millones de dólares interpuesta por el exmandatario.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, consideró «preocupante que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro por una lluvia de procesos judiciales vinculados con su trabajo periodístico», según un comunicado del organismo difundido este martes.
Para Rock la situación del medio muestra que «el acoso judicial propicia una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y dificulta el control ciudadano al poder, vital en democracia».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, dijo que Panamá debería «adecuar su legislación según los estándares internacionales, para que las figuras públicas, incluyendo funcionarios o líderes políticos, se abstengan de iniciar demandas exorbitantes y acumulativas, que busquen ahogar financieramente a los medios».
El funcionario del organismo regional que aglutina a cientos de medios de comunicación del continente dice que el liderazgo del Congreso en Panamá debe trabajar en reformas que «imposibilite las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP, y evite que personas públicas con poder abusen del sistema judicial para silenciar a quienes expresan disenso».
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