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El exmagistrado venezolano aseguró en entrevista exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS que el desconocimiento de los verdaderos resultados de los comicios por parte de la dictadura chavista, no puede calificarse como fraude, porque no ocurrieron violaciones a las normas electorales durante el proceso, como la incorporación o eliminación de votantes del padrón electoral, la usurpación de identidad o la extensión del proceso.
En su opinión, tras analizar la crisis que atraviesa el país suramericano, lo que ocurrió el 28 de julio fue un “manotazo” perpetrado por Nicolás Maduro coaligado con el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, que, «bajo el fascismo y la indisciplina autoritaria, cometieron un golpe de Estado en Venezuela”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio del régimen, proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela, sin haber contabilizado las actas por mesa de votación, que a casi un mes de haberse celebrado los comicios se niega a mostrar.
Al mismo tiempo, la oposición democrática, liderada por María Corina Machado, denunció un fraude electoral, asegurando que, con más del 80% de las actas escrutadas que logró recolectar y publicó en una plataforma para que fueran verificadas, el verdadero ganador fue el abanderado opositor Edmundo González Urrutia, con 6,2 millones de votos.
El también jurista considera que esta decisión de desconocer la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano, con la complicidad de otros poderes del Estado a su servicio, como el CNE, la fiscalía general, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo judicial del régimen, y las Fuerzas Armadas, representa una “violación deliberada de las normas constitucionales”.
¿Qué es un golpe de Estado?
El secretario general de IDEA explicó que ante un golpe de Estado se está en presencia, “no solo de una violación de la ley o de su errada interpretación de buena o mala fe, sino también del acto que desmaterializa al orden constitucional”.
«Y a su vez hacerlo desaparecer a fin de que impere una voluntad de facto, cuando conscientemente los guardianes de la ley buscan legalizar a la ilegalidad a través del fraude y a la misma Constitución», agregó.
Al mismo tiempo, precisó algunos de los delitos electorales que comprenden un fraude, entre los que destacó, como ejemplo, el uso abusivo de la publicidad electoral por el Estado, el uso de fondos ilícitos para las campañas y la inducción de la presión indebida sobre el votante para que cambie su preferencia y vote de modo distinto.
Asimismo, destacó la ausencia de imparcialidad de las autoridades electorales o el intento de cambio del escrutinio de los votos formalmente prescrito, para cambiar o modificar los resultados.
Enfatizó que, por ende, se dice que ocurren delitos electorales «cuando se está ante un fenómeno fronterizo entre lo aceptable y lo inaceptable en cuanto al ejercicio legítimo de los derechos políticos”.
En tal sentido, Aguiar razonó que lo fraudulento indica engaño y falta a la buena fe, “para inducir a alguien a cometer un error y con ello beneficiarse el autor del fraude, es lo más próximo a la señalada figura del fraude electoral”.
Mientras que “falsificar”, expuso, alude a la acción caracterizada “por su ausencia de verdad, como cuando el rector presidente del CNE leyó unos resultados electorales mendaces, sin apoyo en los escrutinios de los votos sufragados por los venezolanos”.
TSJ usurpa al CNE
El abogado constitucionalista rechazó también el supuesto peritaje para verificar los resultados electorales el 28 de julio, iniciado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la solicitud de Nicolás Maduro y advirtió que el Poder Electoral es autónomo e independiente constitucionalmente, por lo que no puede ser sustituido.
Aseveró que la Sala Electoral del máximo tribunal no tiene competencias para realizar este procedimiento, puesto que “estaría violando el principio de separación de los poderes públicos e incurriendo en otro golpe de Estado».
“El TSJ no puede hacer lo que CNE no ha hecho hasta el momento, que es mostrar las actas desglosadas impresas. A los jueces supremos sólo les corresponde controlar la legalidad de los actos expedidos por este”, apuntó.
Comunidad internacional
Aguiar resaltó el rol de la comunidad internacional y organizaciones como Centro Carter, invitado como observador por el chavismo, la misión de técnicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que han publicado informes que demuestran el fraude electoral cometido en ese país.
La maniobra antidemocrática de la cúpula chavista además ha sido condenada por más de 20 países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que han exigido un recuento de los resultados de manera transparente y la publicación de las actas electorales que lo verifiquen.
Los resultados de los comicios anunciados por el Poder Electoral despertaron el rechazo de los ciudadanos, que salieron a protestar a las calles para exigir el respeto de su voluntad expresada en las urnas del 28 de julio. Lo que ha acentuado el patrón de represión y detenciones del régimen contra opositores y manifestantes, resultando en más de 25 personas muertas y más de 2.000 detenidas injustamente.
Este escenario de violencia, que fue calificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “terrorismo de Estado”, llevó a la comunidad internacional a exigir a la dictadura de Maduro el cese de la ola de represión desatada en las últimas semanas, en el marco de la crisis postelectoral.
FUENTE: ENTREVISTA
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