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El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunía este lunes para evaluar y ulteriormente decidir si abre una investigación formal a la campaña presidencial de 2022 con la que Gustavo Petro llegó al poder por presuntamente exceder los topes de financiación permitidos.
El Consejo está conformado por 10 magistrados que son elegidos por el Congreso en representación de partidos políticos. Al menos dos de los magistrados son del partido del presidente. Para abrir la investigación o archivar el caso es necesario que seis de ellos voten en el mismo sentido.
La eventual investigación tendría alcances administrativos y, de comprobarse las irregularidades, se impondrían multas contra quienes administraron la campaña electoral como el gerente, el auditor o el tesorero.
Dos magistrados del Consejo, uno de ellos de un partido opositor al gobierno, hicieron una ponencia en la que argumentaron que la campaña presidencial de Petro presuntamente violó los topes de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares en la primera y segunda vuelta presidencial.
Dicha ponencia es la que han estudiado los demás magistrados y la cual votarán para decidir si se abre una investigación formal.
La posible investigación ha generado un debate político y jurídico en el país sobre si el Consejo es competente para abrir una investigación que también involucre a Petro, pese a que por ser presidente goza de un fuero especial por el que sólo debería investigarlo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Petro ha considerado, en declaraciones anteriores a la votación, que con una investigación a su campaña se está fraguando un “golpe de Estado a la colombiana” y asegura que es el primer paso para sacarlo de su cargo usando las instituciones estatales.
Según el mandatario, una investigación del Consejo a su campaña llevaría a que a él se le juzgara en un juicio político ante el Congreso. “A un golpe de Estado se le responde con una revolución”, ha dicho Petro a sus partidarios.
El Consejo de Estado definió que el fuero del presidente no excluye que pueda ser investigado por otro órgano como el Consejo, que sólo puede imponer sanciones pecuniarias como multas, pero aclaró que le corresponde al Congreso investigar y en tal caso hacer un juicio político al mandatario .
En los últimos 30 años ningún presidente en Colombia ha sido despojado de su cargo en un juicio político en el Congreso.
El abogado defensor del presidente, Héctor Carvajal, señaló el lunes a Blu Radio que ya interpuso un recurso ante el Consejo de Estado para que corrija su decisión y aclare que el fuero del presidente es integral, por lo que no podría ser investigado por el Consejo.
Carvajal también dijo que en caso de que el Consejo abra la investigación contra la campaña presidencial y formule cargos contra el presidente, presentará un recurso a la Corte Constitucional y acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras los constantes cuestionamientos de Petro, el Consejo emitió el sábado un comunicado defendiendo su competencia para adelantar la investigación contra las campañas electorales y su entonces candidato, pero aclarando que no existe “ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”.
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